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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó ayer a ABC que se autorizó la realización del examen de correspondencia de los bienes del presidente del Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas Román. Señaló que el análisis se determinó luego de que el senador cartista presentara las últimas declaraciones juradas ante el ente de control.
Según Torres, Rivas Román presentó el jueves último su manifestación de bienes correspondiente a su baja del cargo como diputado durante el periodo legislativo pasado. Ese mismo documento también utilizó por su asunción al cargo de senador y titular del organismo encargado de juzgar a jueces y fiscales de todo el país, según dejó constancia.
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El presidente del JEM actualmente soporta varios cuestionamientos debido al estilo de vida que lleva, con exquisitos y extravagantes gustos a la hora de vestir como un reloj valuado en US$ 21.000 (alrededor de G. 152 millones a la cotización actual) que no condicen con sus ingresos. Además, salieron a la luz media docena de reclamos judiciales por cuentas impagas.
Hernán Rivas tiene demandas activas en los registros judiciales de entidades bancarias, casas comerciales y particulares. Uno de los reclamos más llamativos es del banco Basa, ligado al expresidente Horacio Cartes y a quien el senador cartista dijo “adorar”.
También aparece una demanda por muebles y alfombras tipo persa que el presidente del JEM se comprometió a pagar en 2020. Pasaron tres años y no honró los US$ 33.750 (unos G. 244 millones), comentó días pasados el comerciante afectado Manuel Canadey.
Canadey, incluso, relató sus peripecias en el ámbito judicial para conseguir el avance de su demanda. Dijo que por un año su expediente prácticamente estuvo “dormido” debido a que Rivas Román es integrante del JEM desde el año 2020.
Perfil de riesgo de Hernán Rivas
La decisión de la Contraloría llega luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anunciara el miércoles último la elaboración de un perfil de riesgo sobre el senador colorado cartista. Esta decisión también se tomó luego de conocerse el estilo de vida del titular del JEM, que también en su declaración jurada de 2018 hizo constar millonarias cuentas a cobrar a su esposa, Elena Escobar (funcionaria renunciante de la CGR); su padre Hernán Ysidro Rivas, actual intendente colorado de Tomás Romero Pereira; y su suegro, Juan Escobar, exconcejal colorado de Ybycuí.
Por su parte, el senador Rivas prometió el martes pasado que “oportunamente” brindará las explicaciones.
Jorge Bogarín A. obtuvo prórroga
El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, comentó ayer que el ente de control otorgó una prórroga de cinco días hábiles, que corren desde el jueves último, a Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. La ampliación de plazo es para presentar su descargo, luego de que la Contraloría le señalara llamativas omisiones en sus declaraciones juradas de bienes.
Según el informe preliminar de la CGR, Bogarín Alfonso no hizo constar en sus manifestaciones de bienes tres depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista, por un monto global de G. 2.090 millones, en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep).
De esa cifra Jorge Bogarín declaró en forma tardía solo un depósito a plazo fijo por más de G. 909 millones. Argumentó que correspondía a un adelanto de herencia de su madre, la difunta jueza Irma Alfonso de Bogarín.
Sin embargo, la magistrada, fallecida en 2019, no declaró dicho ahorro, por lo que para la CGR le faltó confirmar el origen hereditario.
Por otro lado, Bogarín Alfonso no declaró un inmueble ubicado en Luque y tampoco su imponente residencia asentada en Lambaré, donde el funcionario pagó por toda la edificación más de G. 845 millones, según la constructora.
Jorge Bogarín tampoco comunicó su participación accionaria y representación legal en UP Consultores SA.
Clan Fretes no remitió todo
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, comentó la situación del Clan Fretes, cuyo referente es el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, quien tenía plazo hasta el miércoles último para presentar su descargo en el marco de las observaciones hechas por el organismo de control.
Según Torres, los Fretes presentaron sus descargos “en forma parcial”, ya que manifestaron que no han podido acceder a uno de los documentos solicitados, aunque “informaron dónde se encontraría”, lo que significa que la Contraloría deberá pedir informes a los entes que guardan esa información.
El director de la CGR señaló que realizarán el trámite correspondiente. Sin embargo, expresó que el Ministerio Público ya solicitó el examen de correspondencia de los Fretes, integrado por el citado exministro de la CSJ, por su hijo Asdrúbal Fretes, exfuncionario de la Fiscalía; Adriana Florentín, funcionaria del Poder Judicial y el ex síndico de Quiebras Blas Velázquez.
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Una serie de documentos divulgados reveló que el clan Fretes logró acumular una fortuna distribuida en millonarias acciones en empresas, vehículos e inmuebles. En cuanto a propiedades, su valor es de G. 32.981 millones, que corresponde solo a la sumatoria del valor fiscal de al menos 70 fincas halladas en forma parcial en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC). Los datos revelan que el monto podría ser muchísimo mayor, atendiendo el precio real de los inmuebles.