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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, anunció que se realizará un examen de correspondencia al senador Hernán Rivas (ANR, HC), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Según comentó Torres, el contralor general, Camilo Benítez, autorizó el jueves el examen de correspondencia al senador Rivas, luego de que este presentara ayer su más reciente declaración jurada, además de una rectificación de su declaración anterior.
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Esta medida de la Contraloría llega luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación anunciara, el pasado miércoles, la elaboración de un perfil de riesgo sobre el senador colorado cartista, ante las publicaciones periodísticas que señalan el sospechoso despliegue de lujos que ostenta el legislador.
El senador Rivas enfrenta más de cinco demandas activas –incluyendo una del banco Basa, vinculado a su padrino político, el expresidente Horacio Cartes– por falta de pago de deudas. Sin embargo, se muestra en redes sociales usando relojes con valor de más de 21.000 dólares, así como prendas y accesorios cuyos precios en el mercado son valuados en moneda extranjera.
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El senador Rivas prometió que “oportunamente” brindará las explicaciones sobre las publicaciones que le cuestionan demandas y embargos en su contra, aunque no dio una fecha exacta.
Prórroga para Jorge Bogarín
En otro momento, Torres comentó que se otorgó una prórroga de cinco días hábiles, que corren desde ayer, a Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, para que presente su descargo luego de que la Contraloría señalara llamativas omisiones en su declaración jurada.
Según reportó la Contraloría, Bogarín Alfonso no hizo constar en sus manifestaciones de bienes tres depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista, por un monto global de G. 2.090 millones, en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay.
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Además, no declaró un inmueble ubicado en Luque y su imponente residencia asentada en Lambaré, donde el funcionario pagó por toda la edificación más de G. 845 millones, ni comunicó su participación accionaria y representación legal en la firma de consultoría Legal UP.
Bogarín Alfonso fue acusado de supuestos hechos de corrupción y sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos este año.
El clan Torres
Finalmente, Torres habló de la situación del clan de Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia, que tenía hasta el pasado miércoles para presentar su descargo en el marco de observaciones hechas por la Contraloría sobre sus declaraciones juradas.
Según el representante del ente contralor, los Fretes presentaron sus descargos “en forma parcial”, ya que manifiestan que no han podido acceder a un número de los documentos solicitados, aunque “informaron dónde se encontrarían”, lo que significa que la Contraloría deberá pedir informes a los entes que guardan esa información.
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Torres recordó que el Ministerio Público solicitó el examen de correspondencia a los Fretes.