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El informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció la serie de “olvidos” del integrante del Consejo de la Magistratura (CM), abogado Jorge Bogarín Alfonso. Según ese documento, aquel expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no hizo constar en sus manifestaciones de bienes tres depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista, por un monto global de G. 2.090 millones, en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep).
Además, no declaró un inmueble ubicado en Luque y su imponente residencia asentada en Lambaré, donde el funcionario pagó por toda la edificación más de G. 845 millones, según reveló la misma constructora Tape Apo SRL, representada por Francisco Bogarín Vera (su tío).
Ahora, a la par de esas omisiones, salta que el integrante del CM tampoco comunicó al ente de control su participación accionaria y representación legal en una empresa dedicada a la consultoría legal. Se trata de Legal UP Consultores SA, constituida el 14 de setiembre de 2020, con un capital de G. 150 millones, de acuerdo al informe remitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y transcripto en el documento elaborado por la CGR.
Bogarín ingresó a consultora en plena campaña
Un punto curioso es que Bogarín Alfonso integró dicha sociedad cuando estaba en plena campaña para ser elegido como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Dos meses después, precisamente, asumió ese cargo, el 26 de noviembre de 2020.
Más llamativo es que Jorge Bogarín siguió activo en la sociedad cuando ejercía como presidente del JEM e integrante del CM, según los informes.
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Los demás hallazgos en patrimonio de Jorge Bogarín
El informe preliminar también cita otros hallazgos que van desde inconsistencias en sus egresos, inusuales acreditaciones en una de sus cuentas hasta la falta de sustentabilidad patrimonial por G. 245 millones.
Con relación a las inconsistencias en sus egresos se cita que según el informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Bogarín Alfonso declaró en 2021 más de G. 736 millones como “egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años”.
Lo llamativo es que de acuerdo a los datos extraídos del Registro del Automotor, se evidencia que el abogado, calificado como “significativamente corrupto” por EE.UU., adquirió ese año un automotor para su esposa, Karen Leticia González Orrego, por US$ 53.500, unos G. 369 millones.
González Orrego es jueza en lo Civil y Comercial de la capital.
Por otro lado, Bogarín Alfonso tuvo inusuales movimientos en noviembre de 2020, por más de G. 183 millones. Los depósitos y transferencias no corresponderían a sus ingresos de la función pública e ingresos verificados en los formularios impositivos.
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Coincidentemente, el 26 de ese mismo mes y año asumió como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM). Por último, la evolución patrimonial y sustentabilidad tras el análisis arroja un resultado negativo de G. 245 millones. Es decir, no existiría justificación sobre ese millonario monto, según el informe.
Origen hereditario a confirmar
La CGR, a través del informe preliminar, detalla que de los tres depósitos a plazo fijo de Bogarín Alfonso, este declaró solo uno por G. 909 millones. Sin embargo, entre las documentaciones adjuntadas por él como justificación de los movimientos financieros llevados a cabo con la Cofudep, no se ha identificado ningún documento legal tales como escrituras, sentencias, entre otros, que confirmen y avalen de manera fehaciente el origen hereditario de dichos movimientos.
Al respecto, un punto que llama la atención es que pese a ser un monto que orillaba los G. 1.000 millones, no se menciona algún Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).