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Un informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) detalla siete observaciones sobre las declaraciones juradas del integrante del Consejo de la Magistratura (CM), Jorge Luis Bogarín Alfonso. Uno de los hallazgos más contundentes hace referencia a la falta de comunicación de tres depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista, por un monto global de G. 2.090 millones, en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep).
Bogarín Alfonso procedió a la constitución de dos de los depósitos a plazo fijo en el año 2019, específicamente el 23 de julio, por G. 909.280.961, y 5 de setiembre, por G. 657.689.175, según los registros. Mientras que el tercero, por G. 267.885.003 lo hizo el 2 de marzo de 2021.
Lo cierto es que Bogarín Alfonso de estas tres cuentas declaró solo una ante el ente de control, pero, lo hizo recién el 20 de diciembre de 2021. Es decir, casi dos años después de su apertura.
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El único que declaró Jorge Bogarín
El único depósito a la plazo fijo que el integrante del CM hizo constar en su manifestación de bienes corresponde al de G. 909.280.961, constituido el 23 de julio de 2019. Al realizar ese trámite Bogarín Alfonso consignó en la observación: “PLAZO FIJO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2024. ADELANTO DE HERENCIA DE QUIEN EN VIDA FUERA IRMA ALFONSO DE BOGARÍN. DEPÓSITO DE UN CDA ENDOSADO QUE TENIA EN EL BANCO ITAU” (sic).
Irma Rumilda Alfonso de Bogarín era la madre de Jorge Bogarín. La misma por muchos años ocupó el cargo de jueza de la niñez y adolescencia y hasta pocos días antes de su muerte -ocurrida el 4 de mayo de 2019- integró el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia.
Al dejar ese puesto, el 29 de abril de 2019, la difunta magistrada presentó su última declaración jurada de bienes ante la Contraloría. Lo llamativo es que en esa documentación no aparece un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), por G. 909.280.961, mencionado por su hijo casi tres meses después para la constitución de un depósito a plazo fijo en la Cofudep.
La exjueza hizo constar en su declaración solo dos ahorros por un monto total de G. 780 millones, curiosamente, muy por debajo de la cifra del CDA citado por Bogarín Alfonso.
Según el documento, Alfonso de Bogarín tenía uno de sus depósitos por G. 220 millones en el banco Itaú y el otro por G. 560 millones en la misma Cofudep.
El origen hereditario de Jorge Bogarín en duda
El ente de control, en otra observación detallada en el mismo informe preliminar hace precisamente mención a que entre las documentaciones adjuntadas por el declarante (Jorge Bogarín) como justificación de los movimientos financieros llevados a cabo con la Cofudep no se ha identificado ningún documento legal, tales como escrituras, sentencias, entre otros, que confirmen y avalen de manera fehaciente el origen hereditario de dichos movimientos.
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Es decir, faltarían documentos para confirmar la trazabilidad de la herencia citada por Bogarín Alfonso. Al respecto, un punto que también llama la atención es que pese a ser un monto que orillaba los G. 1.000 millones no se menciona algún Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Otros hallazgos para descargo de Bogarín Alfonso
El informe preliminar recibido por Jorge Luis Bogarín Alfonso para su descargo correspondiente en un plazo de 10 días también cita otros hallazgos que van desde inconsistencias en sus egresos, un inmueble sin rastros, inusuales acreditaciones en una de sus cuentas hasta la falta de sustentabilidad patrimonial por G. 245 millones.
Con relación a las inconsistencias en sus egresos se cita que según el informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Bogarín Alfonso declaró en 2021 más de G. 736 millones como “egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años”.
Lo llamativo es que de acuerdo a los datos extraídos del Registro del Automotor, se evidencia que el “significativamente corrupto” para EE.UU. adquirió ese año un rodado a favor de su esposa, Karen Leticia González Orrego, por US$ 53.500, unos G. 369 millones.
González Orrego es jueza en lo Civil y Comercial de la capital.
Con respecto al inmueble no declarado está ubicado en la ciudad de Luque. El lote figura a su nombre y de sus hermanos desde el 15 de enero de 1999.
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Por otro lado, Bogarín Alfonso tuvo inusuales movimientos en noviembre de 2020, por más de G. 183 millones. Los depósitos y transferencias no corresponderían a sus ingresos de la función pública e ingresos verificados en los formularios impositivos.
Coincidentemente, el 26 de ese mes y año asumió como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Por último, la evolución patrimonial y sustentabilidad tras el análisis arroja un resultado negativo de G. 245 millones. Es decir, no existiría justificación sobre este millonario monto.