Cargando...
El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes; su hijo, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y la pareja de este, Adriana Florentín Oliver - funcionaria del Poder Judicial- remitieron ayer a la Contraloría General de la República (CGR) una nota mediante la cual solicitaban una prórroga de 10 días para hacer su descargo a los respectivos proyectos de examen de correspondencia de sus bienes. Los pedidos ingresaron en el último día establecido inicialmente para responder a las observaciones.
El director de Declaraciones Juradas del ente de control, Armindo Torres, confirmó la solicitud y dijo que los integrantes del clan Fretes argumentaron que estaban a la espera de informes de instituciones públicas y privadas. “Solicitan prórroga a la Contraloría para poder acompañar todas las documentaciones y así presentar su descargo”, detalló el funcionario.
Lea más: Presidente de la Corte no dejó rastros de millonarios certificados de ahorros
El clan Fretes recibió los proyectos de examen de correspondencia de parte de la CGR el 16 de junio pasado. El análisis de Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano -hijo del exministro- es uno de los más voluminosos. Tiene 101 páginas.
Asdrúbal Fretes figura como una de las piezas más importante dentro del esquema. Fue funcionario de la Fiscalía General del Estado entre los años 2006 y 2016, según los registros.
Documentos a los que había accedido nuestro diario revelaron que Asdrúbal Fretes, cuando era aún funcionario público logró convertirse en accionista de al menos tres empresas.
Una de ellas es Tebicuary Campos & Hacienda, donde el hijo del exministro Fretes habría adquirido el 3 de octubre de 2008 y con tan solo 24 años, 75 acciones por G. 750 millones. La otra es Río Salado SA, donde el 28 de abril de 2015 adquirió acciones por G. 1.000 millones.
La tercera es la casa de préstamos Ahoraité SA, con un capital inicial de G. 5.000 millones. Esta firma se constituyó en el año 2015.
Lo llamativo es que Asdrúbal Fretes logró ser partícipe de esas compañías cuando su último salario como empleado público era de un poco más de G. 8 millones mensuales.
Pero las inversiones de Asdrúbal no se limitaron a los capitales de estas empresas, sino a todo lo que se consiguió mover a través de ellas. En 2015, Río Salado SA se convirtió en accionista de la empresa Negocios y Servicios SA.
Y de ahí el crecimiento económico siguió, de acuerdo a los antecedentes.
Exministro Antonio Fretes y su nuera Adriana Florentín
El otro proyecto de examen de correspondencia corresponde al exministro Antonio Fretes. Este análisis tiene 77 páginas, según la nota de la CGR.
Una serie de documentos en poder de nuestro diario había mostrado, precisamente, que el exministro Fretes acumuló una fortuna de G. 14.469 millones, integrada por millonarios Certificados de Depósitos de Ahorros (CDA), acciones en las empresas Tebicuary Campos & Hacienda y la casa de créditos Ahoraité SA, una camioneta y otros frondosos depósitos.
Lea más: El clan Fretes aparece con millones en acciones en otro banco de plaza
Lo cierto es que Fretes no declaró varios de estos bienes ante el ente de control, según un comparativo de documentos. El exministro se despojó de sus acciones en dos empresas pocos meses antes de la entrada en vigencia del Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
Llamativamente, entre los beneficiarios finales de las acciones en las empresas aparecen el hijo del exministro de la Corte, Asdrúbal Fretes y la abogada Lourdes Beatriz González.
El otro examen corresponde a Adriana Florentín Oliver, pareja de Asdrúbal Fretes. El proyecto de la actual funcionaria del Poder Judicial tiene 54 hojas.
Florentín Oliver aparecía igualmente como parte de algunas de las empresas constituidas por el clan Fretes.
El ente de control deberá analizar el pedido del clan Fretes este lunes para otorgarle el plazo solicitado o menos días. La decisión está en manos del contralor Camilo Benítez, según también confirmó Torres.
Similar pedido de exsíndico
Blás Velázquez Fernández, exsíndico de Quiebras, también presentó a la CGR un pedido de prórroga de 10 días. El proyecto de examen de correspondencia de este exfuncionario es el que tiene la mayor cantidad de páginas. Tiene 135 fojas. Velázquez Fernández es oriundo de Paraguarí y marido de la jueza del Tribunal de Apelación Civil de Misiones, Clara Isasi.
Los antecedentes señalan que tanto el exsíndico como su esposa presuntamente integraban una rosca protegida por el exministro Fretes para el supuesto despojo de tierras, en especial, las que estaban bajo el dominio de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años considerada feudo del exmáximo integrante del Poder Judicial. En este esquema también aparecía la abogada Ana Mora de Ramírez, quien actualmente enfrenta un proceso fiscal por el presunto despojo de una mina de oro en Paso Yobái, Guairá.
El extitular de la CSJ dejó el cargo hace más de 3 meses
El Art. 2 de la Ley 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” establece taxativamente que todos los funcionarios públicos deben presentar sus DD.JJ. dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en él.
El exministro Antonio Fretes dejó el cargo el 10 de marzo pasado, luego de 21 años y 4 meses. Sin embargo, pasaron más tres meses y llamativamente no presentó aún su manifestación de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR) al dejar ese puesto, tal como establece el citado articulado.
Contrato revelador entre Amílcar Fretes y Hijazi
Fretes desapareció de la escena pública luego de salir a la luz un contrato revelador. Se trata de un acuerdo que firmó su hijo, Amílcar Fretes, con un familiar de Kassem Mohamad Hijazi para evitar su extradición a EE.UU. El documento se firmó el 30 de setiembre de 2021, nueve días después de que el juez José Agustín Delmás confirmara el proceso de extradición de Hijazi.
Lea más: Millonarios negocios del hermano de nuevo titular de Corte con clan Fretes
El contrato se hizo público recién el 17 de noviembre del año pasado, hace siete meses, pero sin resultados del avance de alguna investigación penal. Esto, pese a que el hijo de Fretes cobró US$ 368.000 (unos 2.546 millones de guaraníes al cambio de la época) por la “prestación de servicios”.
Amílcar Fretes se obligaba a prestar asesoría legal “en un solo punto, el cual es sobre la situación jurídica del señor Kassem Mohamad Hijazi para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.