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El 10 de marzo pasado, Antonio Fretes dejó el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue luego de 21 años y 4 meses de ser parte del máximo tribunal del país.
El Art. 2 de la ley 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” establece taxativamente que todos los funcionarios públicos deben presentar sus DD.JJ dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo.
Fretes, sin embargo, dejó el cargo hace más de tres meses y no presentó aún su manifestación de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR) al dejar ese puesto, según confirmó días atrás el director de Declaraciones Juradas de ese organismo, Armindo Torres. Llamativamente, existe una inexplicable benevolencia con el exministro para la aplicación de este articulado de la ley.
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Además, la falta de presentación de Fretes de su declaración jurada dificulta al ente de control la realización del examen de correspondencia de sus bienes. Torres dijo que, una vez que el exministro cumpla con el trámite, la instrucción del contralor Camilo Benítez Aldana es darle prioridad al análisis.
Un detalle importante es que Benítez Aldana fue agente síndico de quiebras del segundo turno, dependiente de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años considerada feudo de Antonio Fretes. El actual contralor estuvo en ese cargo entre abril de 2011 y noviembre de 2016.
Contrato revelador firmado por el hijo de Antonio Fretes
Otra cuestión que se presta a la suspicacia es que la fiscalía tampoco muestra avances sobre la investigación del contrato que firmó Amilcar Fretes, hijo de Antonio Fretes, con un familiar de Kassem Mohamad Hijazi para evitar su extradición a EE.UU. El acuerdo se firmó el 30 de setiembre de 2021, nueve días después de que el juez José Agustín Delmás confirmara el proceso de extradición de Hijazi.
La documentación se hizo pública recién el 17 de noviembre del año pasado, hace siete meses, pero sin resultados del avance de alguna investigación penal. Esto, pese a que el hijo de Fretes cobró US$ 368.000 (unos 2.546 millones de guaraníes al cambio de la época) por la “prestación de servicios”.
Amilcar Fretes se obligaba a prestar asesoría legal “en un solo punto el cual es sobre la situación jurídica del señor Kassem Mohamad Hijazi para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.
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Fretes acumuló una fortuna en dos décadas
El exministro Antonio Fretes logró acumular una millonaria fortuna en inmuebles y vehículos en todo el tiempo que estuvo en el Poder Judicial. En cuanto a propiedades, suman G. 32.981 millones, una cifra que corresponde solo a la sumatoria del valor fiscal de al menos 70 fincas halladas en forma parcial en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC).
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Un punto particular es que los inmuebles como también los vehículos están a nombre de empresas en las cuales aparecen como principales accionistas Asdrúbal Fretes, hijo del exministro, y Lourdes Beatriz González.
Tanto Asdrúbal Fretes como Lourdes González aparecen en Río Salado SA, la casa de créditos Ahoraité SA, Patria SA de Seguros y Reaseguros, Tebicuary Campos & Hacienda, Monetare SA, Itacuá Bienes, Carsa, Juval, Negocios y Servicios SA, además de la participación en dos bancos de plaza, Continental y Río.
Fretes era el accionista en dos de las empresas hasta 2018. Coincidentemente, su participación desapareció de los documentos luego de la entrada en vigencia de la ley de transparencia sobre sociedades anónimas.