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Una comitiva encabezada por la fiscal Liliana Alcaraz, allanó la sede de la Gobernación del Departamento de San Pedro tras denuncia de la Contraloría General de la República de un perjuicio patrimonial de dos causas por un valores que superan los G 1.834 millones y G. 16.190 millones.
Existen dos causas que están relacionadas a esta institución gubernamental de las cuales la Contraloría realizó auditoría. Una tiene que ver con verificaciones del inventario de bienes de uso del ejercicio fiscal 2018 y los cuales no fueron encontrados. “Se trata de equipos de transporte, máquinas y equipos de construcción, tractores, incubadoras para huevo, entre otros”, declaró la fiscal a ABC.
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En este caso existe un indicio de perjuicio patrimonial de G. 16.190 millones, según informe.
De acuerdo al cierre del ejercicio fiscal 2018, no fueron ubicados:
- Equipos de transporte por un valor de G. 1.413.300.000
- Máquinas y equipos de construcción por: G. 2.681.602.976
- Tractores e implementos agrícolas por: G. 6.148.250.559
- Incubadoras para huevos por: G. 297.044.226
- Máquinas y equipos agropecuarios por: G. 5.5.5.772.794
- Multa aplicada por: G. 144.040.000
La Contraloría constató inconsistencia en las fechas de los documentos de respaldo por la adquisición de camión cisterna y atraso en la entrega del bien, sin aplicación de multa. También notaron que las maquinarias y equipos agropecuarios fueron cedidos mediante Contrato de Comodato a las Municipalidades de San Pedro sin acuerdo de la Junta Departamental.
Perjuicio también fue con obras en escuelas
Por otro lado, la segunda causa tiene relación a una diferencia entre la verificación in situ de obras de construcción de aulas y baños en escuelas y colegios, con recursos provenientes del Fonacide. “Hay una diferencia entre lo pagado y lo verificado”, aclaró Alcaraz.
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El monto del perjuicio patrimonial determinado en concreto es de G. 1.834 millones según consta en documento.
De acuerdo al informe, se constató que no fueron ejecutados algunos ítems o fueron ejecutados en cantidad diferente por un monto de G. 1.799 millones en obras con fondos de Royalties y del Fonacide. Se verificó además obras con incumplimiento de especificaciones técnicas por un monto de G. 16.316.556. Además de infracción del plazo de entrega de obras realizadas sin multas por G. 19.425.754.
El Gobernador en el periodo 2013-2018 era Vicente Rodríguez (HC), quien falleció en 2021. En enero del 2018 había renunciado al puesto para dedicarse a su candidatura en la Cámara Baja y, tras ser electo, integrarse a la Cámara de Diputados. El que siguió a cargo fue Miguel Chilavert hasta que asumiera Carlos Giménez (2018-2023).
El caso estaba a cargo de la fiscal Victoria Acuña; sin embargo ahora está a cargo Liliana Alcaraz.