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Pagos a empresas con licencias vencidas, firmas que no cumplían con los requerimientos mínimos en cuanto a la cantidad de conductores o que tenían menos unidades que las que habían declarado. Un sinfín de irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) con respecto al pago de subsidio a empresas de transporte público.
Estos datos se desprenden de una serie de informes del órgano extrapoder tras auditorías realizadas a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) y una fiscalización al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Entre 2013 y 2020, el Estado paraguayo destinó unos G. 270.000 millones para el pago de subsidio a los transportistas.
El documento más revelador es el de las conclusiones de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada al MOPC y que fue emitido en agosto pasado.
Documentos incompletos
Como primer punto, la Contraloría reveló que el MOPC incluyó en el cálculo de la Tarifa Técnica costos clasificados como fijos y variables sin justificar cuáles corresponden a gastos de inversión y gastos de infraestructura del parque automotor.
“Además, las planillas de cálculo para el costo de la tarifa del transporte público de pasajeros no cuentan con un criterio legal y técnicos para la determinación de su clasificación”, agrega el informe. En resumen, no existe separación real de los datos para sostener los cálculos del costo del pasaje.
Además, la CGR detectó que el MOPC contaba con rendiciones de cuenta incompletas de las empresas beneficiarias del subsidio del transporte público durante el ejercicio 2021.
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En concreto, las empresas no remitieron el respaldo documental de todos los costos incluidos en las planillas de cálculo para el costo de la Tarifa. “Situación que imposibilitó verificar que los costos incluidos en la tarifa técnica fueron efectivamente utilizados por dichas empresas beneficiarias”, continúa el documento.
Licencias vencidas, pero igual cobraron
La CGR advirtió, además, que el MOPC otorgó subsidios por más de G. 677 millones a empresas que operaban con Resoluciones de Explotación del Servicio de Transporte Público vencidas. Estas empresas eran Capitá SRL, Ñanduti SRL, La Aregüeña SA e Ypacaraí Transporte SA.
También se detectó que entre abril y julio de 2021, el Estado entregó más de G. 26.671 millones a empresas que no contaban con la cantidad de dos conductores por vehículo integrante en su parque automotor.
Estos dos puntos corresponden a abiertas violaciones a disposiciones legales, por lo que incluso se recomendó la realización de auditorías forenses para elevar reportes de indicios de hechos punibles ante el Ministerio Público.
Otro punto también fue la diferencia en la cantidad de buses entre el parque automotor autorizado y el parque motor aprobado de varias empresas del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción.
El parque automotor autorizado es la cantidad de buses autorizados a la empresa por la resolución de explotación, mientras que el aprobado es el que cuenta con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en un tiempo determinado.
Por ejemplo, la empresa Inter SA (línea 55) contaba con un parque automotor autorizado de 35 vehículos, pero declaró 31 móviles. Los que tenían la ITV aprobada eran apenas 12.
Otro caso es el de la empresa San Isidro SRL (líneas 8, 48 y 51) que en abril de 2021 tenía un parque autorizado de 99 vehículos, pero declaró apenas 67. Los buses con la ITV aprobada eran 67.
También está la firma Lince SRL (líneas 18-1. 26 y 52) que contaba con parque autorizado de 138 buses, pero declaró 77 y tenía 72 con ITV aprobada.
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Modificaron un decreto con una resolución
Otro punto, particularmente grave, es que el MOPC modificó la modalidad de cálculo para el pago de subsidio, a partir de noviembre de 2021, a través de la resolución 2575. Esta modalidad estaba establecida en el Decreto 5658 de julio de ese año.
La cartera tampoco realizó los controles a fin de verificar que todas las empresas del transporte público paguen a sus conductores el plus de 30% que está incluido en el cálculo de la tarifa técnica. Este plus forma parte de la escala de precios del pasaje y también del subsidio que reciben los transportistas.