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Los agentes del Ministerio Público Diego Arzamendia y Néstor Coronel, el pasado 14 de marzo, acusaron a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, y a otras 11 personas quienes, según el resultado de la investigación, forman parte de una red creada para apropiarse de G. 1.199 millones provenientes del Fonacide del 2019.
Según el documento, Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios municipales y constructores para obtener facturas y así poder “justificar” ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide.
Documentalmente, la gestión de la liberal estaba “perfecta” tanto así que la Contraloría informó al Ministerio de Hacienda para que siga transfiriendo el dinero del Fonacide del 2020. El descubrimiento de la red se dio cuando los concejales Fabián Flecha, Geraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos comenzaron a verificar los documentos publicados por la CGR y recorrer las zonas donde supuestamente se hicieron las obras con esos fondos, pero que no existían. Es decir, eran “obras fantasmas”, pero que costaron G. 1.199 millones.
Asociación criminal
La red está integrada por la intendenta y el tesorero, que firmaban los cheques a nombre de Liz Fleitas, representante legal de MLF Constructora, y Blásido Candia, representante legal de BC Constructora, quienes en los papeles ejecutaron las obras. En tanto que “supervisaba” y daba el visto bueno del avance de los trabajos Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de Obras.
También estuvieron involucradas en esta red las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes se encargaban de la parte documental.
Por otro lado, Sergio Flecha, funcionario municipal y hermano del tesorero, se encargaba de recibir el dinero de los cheques que salían a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, ambos forman parte de las constructoras.
También dentro de ese esquema los fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y, además, el presidente del comité agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora.
Denuncia de ediles fue “cajoneada”
Los concejales Aldo Fabián Flecha (Unace), Geraldina Núñez (ANR), Néstor Cantero (ANR) y Mario Alcides Ávalos (ANR) presentaron una denuncia formal contra la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) en el 2021 ante la Fiscalía de Valenzuela. Luego del largo peregrinar por la Contraloría General de la República, que durante todo el primer periodo municipal 2010-2015 de Fernández cajoneó las denuncias de mala gestión hechas por los ediles y la jefa comunal, consiguió su reelección para el periodo 2016-2021 y por supuesto la liberación de más dinero del Fonacide. Actualmente, Fernández está en su tercera gestión y ahora finalmente Hacienda le bloqueó la transferencia de dinero publicó.
El lento avance de la investigación hizo que el 5 de noviembre del 2022 los ediles amplíen la denuncia y allí los fiscales Anticorrupción Diego Arzamendia y Néstor Coronel allanaron la sede municipal e incautaron los documentos que avalan ahora su acusación y detectaron la red que se creó para malversar G. 1.199 millones del dinero público, pero solo del periodo 2019.
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Los fiscales acusaron el 14 de marzo pasado a las doce personas que formarían parte de la “red de corrupción” por asociación criminal, lesión de confianza, declaración falsa y otros delitos y el juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, debe fijar la fecha para la audiencia preliminar para decidir si el caso va o no a juicio oral y público.
Sin embargo, el tema está trabado en la Sala Constitucional de la Corte porque los acusados presentaron una acción de inconstitucionalidad y pese al urgimiento, sigue sin tener un trámite rápido en la Corte.
Al respecto, los fiscales acusadores indicaron que no se fijó todavía fecha para la preliminar porque el expediente está en la sala Constitucional de la Corte, entonces el Juzgado pidió las compulsas o el original de la investigación para que continúe el proceso.
“Allí ese trámite puede resolver un actuario para que continúe el proceso judicial, no hace falta que el pleno de la Sala Constitucional decida eso, pues es un trámite administrativo no más. Nosotros ya presentamos dos urgimientos para que se quiten las compulsas y se devuelva el expediente, vamos a insistir”, dijo uno de los fiscales acusadores, Diego Arzamendia.