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Además de buscar asegurarse otros cinco años en el poder, el inconstitucional plan de la enmienda mau o enmienda de sangre, el Gobierno de Horacio Cartes buscaba garantizar al cartismo la adjudicación de numerosas obras públicas a empresas extranjeras a cambio de varias décadas de explotación bajo la figura de la Alianza Público-Privado.
Estas empresas, mimadas del gobierno de Cartes, a su vez arrastraban diversos juicios en otros países y debían ser descalificadas en el nuestro, pero siguieron operando impunemente.
Uno día como hoy, el entonces ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona, firmaba contrato con las firmas Sacyr (española), Mota-Engil (portuguesa) y Ocho A (paraguaya), para el ensanche de las rutas 2 y 7 a cambio de 30 años de explotación.
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Al mismo tiempo se anunciaba la inminente adjudicación a la firma española de la “modernización” del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el cual fue cancelado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez un mes después de asumir el cargo: setiembre de 2018.
Mota Engil, responsable del fallido metrobús
Mota Engil también fue la responsable del fallido proyecto del Metrobús en que el MOPC pagó más de US$ 30 millones por un avance del 30% y ahora busca despojar al Paraguay de otros US$ 35 millones en un arbitraje. Jiménez Gaona nunca fue procesado durante la administración de Sandra Quiñónez.
También hace seis años, el entonces ministro asesor político de Cartes, el actual diputado “Bachi” Basilio Núñez, anunciaba que el tratamiento del proyecto de enmienda, con apoyo de cartistas, luguistas, oviedistas y llanistas, “no pasaba” de la semana próxima.
Dicho pronóstico no se cumplió con precisión ya que la primera “sesión mau” para cambiar el reglamento interno del Senado y allanar la enmienda, recién ocurriría el 28 de marzo, plan político que generó el repudio de la ciudadanía democrática.
En paralelo, la gente se movilizaba contra el tarifazo de la ANDE. Dicha suba de precios en la boleta de la electricidad fue utilizada sin éxito como distractor mientras se gestaba la enmienda mau.
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En paralelo, los entonces ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta (cartista), Luis María Benítez Riera y el liberal Sindulfo Blanco (destituido), tenían un mes sin resolver la recusación del fiscal Fabián Centurión (juzgado por ser supuestamente servil al clan González Daher) en la investigación abierta por la falsificación de firmas en las planillas pro enmienda presentadas ante la Justicia Electoral.
Un día antes, Pucheta incluso solicitó la carpeta fiscal y con ello paralizó las averiguaciones del Ministerio Público. Poco después, sería recompensada siendo elegida como la vicepresidenta de Cartes tras la renuncia de Juan Afara. Cartes le prometió ser la primera mujer presidenta pero el Congreso no se lo permitió.