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El subcontralor Augusto Paiva se reunió ayer con miembros de la Mesa Directiva de la Cámara Baja para solicitar celeridad en el tratamiento del proyecto de ley que limita las atribuciones del Tribunal de Cuentas, estamento que fue aprovechado durante años por instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para evadir controles del uso de fondos públicos.
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“Le solicité encarecidamente, ya (que) tenemos dictamen de una de las comisiones que aconseja la aprobación sin modificaciones”, que estudien el proyecto de ley “que modifica y amplía el Artículo 30 de la Ley N° 879/1981, Código de Organización Judicial (Composición del Tribunal de Cuentas)”, dijo el subcontralor Augusto Paiva.
Tras la reunión con los vicepresidentes de la Cámara Baja, Ángel Paniagua (ANR, oficialista) y Norma Camacho (PEN), se incluyó en el punto 5º del orden del día de la sesión de mañana.
Hasta ahora, mediante acciones de inconstitucionalidad, varias instituciones operaron para someterse a controles laxos (por no decir nulos) a través del Tribunal de Cuentas, con el fin de simular la rendición de uso de dinero público. “Hay que aclarar que la Contraloría General de la República tiene rango constitucional, es una institución de carácter técnico, de control y fiscalización, nosotros no somos jueces como el Tribunal de Cuentas”, remarcó Paiva.
Adelantó también que pedirán premura al Senado, ya que la ambigüedad impide que cumplan con su deber.
Queremos “que esto sea una ley y que no nos tengan todas las veces preguntando la misma cosa”, que es si podemos o no acceder a los documentos, ya que “es una obligación nuestra” y sin embargo, “no nos dejan cumplir esa función que establece la Constitución”, expresó.
TSJE elude hace una década
El subcontralor Augusto Paiva valoró que nuevas autoridades como Emiliano Rolón (nuevo fiscal general) y Jorge Bogarín González (titular del TSJE) se hayan comprometido a permitir a la Contraloría auditar.
Remarcó sobre todo la importancia del TSJE, que desde el 2013 cierra sus puertas a la Contraloría General.
“El ministro Jorge Bogarín (González), hoy presidente de turno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prometió abrir las puertas, estamos ante comicios generales y lo lógico es auditar después de las elecciones generales”, dijo Paiva a la vez de destacar que “lo que queremos es saber realmente por qué desde el 2013 el TSJE viene enviando sus reporte de gastos al Tribunal de Cuentas”.
Sí, valoró la apertura del novel fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que permitió luego de años indagar a Contraloría sobre el manejo del Ministerio Público, algo que Sandra Quiñónez y sus antecesores no permitieron.
“Creo que se dio el primer paso y agradezco al señor fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que nos abrió las puertas para realizar el corte administrativo, que fue más allá de un corte administrativo, prácticamente se establecieron los primeros delineamientos para poder hacer la fiscalización en este caso del Ministerio Público y así esperamos que las otras instituciones también (permitan)”, sostuvo Paiva.