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La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), recibió G. 763.895.542 de Fonacide y G. 1.527.867.493 de royalties durante el 2022, según el informe del Ministerio de Hacienda, pero no rinde cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). Fernández está imputada por un daño patrimonial de G. 1.000 millones. El otro intendente que no rinde cuentas, Gustavo Rodríguez (ANR) de San Pedro de Ycuamandyyú, según Hacienda recibió G. 1.334.817.073 de Fonacide y G. 2.669.767.661 en royalties. Su gestión está intervenida y se detectó un daño patrimonial de G. 18.000 millones.
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Por otro lado, el jefe comunal de San Patricio, Líder Almada (Alianza), recibió G. 1.065.280.566 de Fonacide y G. 2.130.667.686 de royalties pero, según la CGR, no cumple en forma ambos informes. En similar postura está el intendente de Alberdi, Roberto Sotelo (ANR), quien recibió G. 1.311.467.836 de Fonacide y G. 2.623.066.851 de royalties.
El intendente de Cerrito, Hugo Ayala (ANR), administró G. 1.150.242.616 de Fonacide y G. 2.300.600.285 en royalties. Ayala entregó en forma incorrecta el uso de royalties.
Fermín Candia (PLRA) de Laureles recibió G. 1.055.725.076 de Fonacide y G. 2.111.555.750 de royalties, rindió incorrecto royalties. El de Nueva Alborada, Óscar Martínez (ANR), administró G .1.241.261.518 de Fonacide y G. 2.482.647.194, royalties. Este último informe lo hizo de manera incorrecta.
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El intendente de Corrales, Víctor Nardelli (ANR), recibió G. 813.799.623 de Fonacide y G. 1.627.680.646 de royalties. Rindió mal el uso de royalties. Por último, el intendente de San Vicente Pancholo, Antonio Apezteguía (ANR), recibió G. 889.627.007 de Fonacide y G. 1.779.342.998 de royalties. Rindió mal el uso de Fonacide.
Transferencias del Gobierno Central
Según el informe del Ministerio de Hacienda, durante el año pasado, se transfirieron unos G. 738.767.358.683 en concepto de royalties a todas las municipalidades y gobernaciones del país.
En tanto que, en concepto de Fonacide, se distribuyeron G. 369.365.206.506. Estos millonarios fondos deben ser utilizados para obras de infraestructura, mejoras edilicias en las instituciones públicas y también para el almuerzo escolar. Una vez utilizados los recursos, intendentes y gobernadores deben rendir cuentas