CGR evidencia diferencias entre giros municipales y los registros de Opaci

La Contraloría General de la República (CGR) evidenció millonarias diferencias entre las transferencias realizadas por las municipalidades del país y los registros consignados por la Opaci. Existen casos en los cuales una Comuna declaró que traspasó en 2015 más de G. 2.260 millones, mientras que la ONG hizo constar en su balance de ese mismo año que recibió solo G. 1.222 millones de esa institución municipal.

Sede de la Opaci ubicada sobre Mariscal Estigarribia 1080 e/ EE.UU. y Brasil, en Asunción.
Sede de la Opaci ubicada sobre Mariscal Estigarribia 1080 e/ EE.UU. y Brasil, en Asunción.Archivo, ABC Color

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Ocho observaciones contiene el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la auditoría realizada en el año 2016 a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Dos de las irregularidades hacen referencia a la falta de traspaso de recursos genuinos de las comunas por G. 18.172 millones al 31 de diciembre de 2015, durante la gestión del colorado cartista Ricardo Núñez (exintendente de Villa Hayes y hermano del diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez).

Otro de los hallazgos contundentes durante la auditoría del ente de control es que existen millonarias diferencias entre los montos registrados por la ONG y los traspasos de las diferentes instituciones municipales en ese mismo año. Según la CGR, los comparativos arrojan que la Opaci supuestamente recaudó G. 3.759 millones de más con relación a los informes de algunas de las comunas consultadas en forma aleatoria.

Ricardo Núñez, con su hermano y padrino político Basilio Núñez.
Ricardo Núñez, con su hermano Basilio "Bachi" Núñez. Ambos colorados cartistas y expresidentes de la Opaci.

Una de las municipalidades que pagó más a la Opaci es Asunción con G. 3.277 millones; sin embargo, esa institución informó al ente de control que transfirió en el año 2015 a la entidad “sin fines de lucro” solo un poco más de G. 266 millones. Es decir, existe una diferencia de G. 3.010 millones, según un cuadro elaborado en el informe final.

Recaudación no registrada en Opaci

Otra cuestión llamativa a partir del cuadro elaborado por la CGR es que, como existen casos de “mayor recaudación” de la Opaci, también se hicieron constar cifras menores con relación a los informes de las instituciones municipales consultadas en forma aleatoria.

María del Carmen Benítez Díaz (ANR, cartista), intendenta de Ybycuí, titular de Opaci y pareja de un diputado imputado.
María del Carmen Benítez Díaz (ANR, abdista),exintendenta de Ybycuí y extitular de Opaci entre 2016 y 2022.

Para ejemplo está la Municipalidad de Lambaré que, según la Opaci, le giró en el año 2015 solo G. 1.222 millones; sin embargo, la misma comuna le informó a la CGR que en ese lapso le pagó a la Opaci, G. 2.260 millones. Es decir, no se registró un poco más de G. 1.038 millones, de acuerdo a la documentación.

En similar situación está la comuna de Luque que la ONG dijo que cobró ese año solo G. 1.194 millones, mientras que la institución informó de un traspaso superior a G. 1.409 millones. O sea, la diferencia con relación a los registros es de G. 214 millones, según el cuadro presentado en el informe.

Otras municipalidades que transfirieron más, pero figuran con montos menores en la Opaci son: Cambyretá, Caacupé, Pilar, Tomás Romero Pereira y Yaguarón.

Opaci se lavan las manos

En su descargo, la Opaci, ya durante la presidencia de la exintendente de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR, abdista), dijo que las diferencias detectadas por la CGR se deben a la falta de conciliación entre el Departamento de Cobranzas de la Opaci y la Dirección Administrativa de cada municipalidad. Luego, se refirió solo al caso de la comuna asuncena, aduciendo que “escapa de la Administración de la Opaci, el control de la registración contable de cada municipio, como la aplicación de los procedimientos contables” (sic).

Fuera del control estatal

A pesar de que la Opaci recauda millones usando a las municipalidades, no está dentro del control estatal. Se escuda bajo el argumento de “organización privada” para no rendir cuentas por el cobro de G. 10.000 por cada licencia de conducir. La CGR consiguió en 2016 ingresar a la ONG para realizar una auditoría luego de innumerables denuncias sobre los manejos del clan Núñez, integrado por Bachi y su hermano Ricardo. El informe final, sin embargo, se hizo público luego de siete años.

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