Cargando...
El 15 de febrero de 2016, el entonces contralor general interino Roy Rodgers encabezó la comitiva que llegó a la sede de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para dar inicio a la “histórica” auditoría a esa ONG. La decisión se tomó luego de la serie de denuncias realizadas por nuestro diario sobre los miles de millones recaudados por la entidad “sin fines de lucro” a través de las 260 municipalidades del país.
La Opaci, pese a ser una organización “privada”, cobra G. 10.000 en forma anual por la expedición, validación y anulación de cada licencia de conducir. Además, aparece como intermediaria para las transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos (hipotecas), por lo cual cobra una tasa.
Lea más: Contribuyentes municipales son los principales aportantes de la Opaci
Lo cierto es que la ONG solo en el año 2015 recaudó alrededor de G. 42.000 millones por sus servicios prestados.
Supuestamente, el ente de control ingresó para poder dar a conocer a la ciudadanía el destino de esos fondos. Sin embargo, pasaron 7 años y no existe un informe final de los hallazgos en ese lapso.
Opaci, con uso de millonarios recursos sin respaldo
En abril de 2018, lo único que salió a la luz fueron resultados preliminares del ente de control sobre la auditoría en la Opaci. Entonces, se mencionaba el uso de G. 17.233 millones sin documentos respaldatorios, entre otras observaciones.
Luego de esto, ya no hubo mención sobre la auditoría de la ONG. Tal es así que lo único que respondió el actual contralor general Camilo Benítez, en agosto del año 2019, cuando se le consultó sobre el tema es que se estaba verificando porque el “borrador tenía errores”.
Después de estas declaraciones, Benítez -como ayer- no contestó más mensajes referentes al informe sobre la Opaci.