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El pasado 27 de enero, la “Coordinadora Colorada de la CGR con Honor” emitió un manifiesto en respaldo al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quién le ratificaron su “lealtad”, a la par de “rechazar rotundamente el anuncio realizado por el embajador Marc Ostfield”, que el pasado jueves amplió las sanciones contra el exmandatario Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez, por actos de “corrupción significativa” y presuntos vínculos con terroristas.
Si bien son varios los grupos de hurreros ubicados en cargos públicos que se pronunciaron en esta línea, el caso de la Contraloría es especialmente cuestionable, puesto que al tratarse del principal ente contralor de la República, se le exige “independencia e imparcialidad”.
Ante tan alevoso acto de adulonería, la Directora General de Integridad Pública y Transparencia de la Contraloría, María Mercedes Vera, tuvo que salir a recordar el Código de Ética que rige para dicha institución.
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“Se recuerda la vigencia de Circular DGGTH/DACP48/22 por el cual el Comité de Ética de la CGR advierte sobre la preservación de la independencia e imparcialidad de sus servidores públicos”, indicó ayer la funcionaria, agregando que la institución, ante “indicios de hechos irregulares” puede tomar las “acciones institucionales pertinentes”.
Esto implicaría, que los funcionarios implicados en la difusión de este comunicado podrían ser sumariados y sancionados, según establezca la Contraloría.
El caso cayó como un baldazo de agua fría para las autoridades de la institución, sobre todo teniendo en cuenta que el Contralor, Camilo Benítez (ANR) tendría fijada hoy una reunión con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, como parte de un programa de cooperación regular.