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Arrendamiento por debajo del precio, un contrato que violó la ley, mejoras sin permiso, una casa privada en un predio público y servicios básicos “piratas”. A medida que pasan los días, son más los ingredientes que se descubren en los informes de la CGR con respecto a la situación del anfiteatro José Asunción Flores de la villa veraniega.
Los informes 535/23 y 589/23 ya fueron remitidos a la comuna días atrás y ABC Color accedió a copias de los informes en los que se detallan las irregularidades.
Contraloría constata arrendamiento por debajo del precio
Entre las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría, aparece el precio casi regalado por el que se entregó el arrendamiento del predio.
“El monto, en concepto de canon por el arrendamiento está muy por debajo del precio del mercado en esa zona”, señala el informe.
El anfiteatro José Asunción Flores fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 1990 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del establecimiento.
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El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la Ley 4784, por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino, donde está el anfiteatro. En total, los tres inmuebles suman más de nueve hectáreas.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del anfiteatro hasta el 2032, algo que no estaba previsto dentro del proceso inicial.
La Comuna, a su vez, terminó concesionando el usufructo del anfiteatro José Asunción Flores en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Bernardino, el liberal llanista Luis Aguilar y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público, pues es jefe de gabinete del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y proveedor del Estado.
Según se puede ver en el documento, la Comuna entregó el usufructo del Anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivaldría a unos G. 57 millones por año.
Es decir, el arrendatario debía entregar el equivalente a G. 4.750.000 mensuales.
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Posible daño patrimonial
Ya en diciembre pasado, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, había adelantado que la institución analizaba un posible daño patrimonial. El informe del ente confirma que el anfiteatro fue entregado por debajo del precio de mercado, motivo por el cual la comuna dejó de percibir dinero que podría haber significado inversiones dentro del predio.
Abogados penalistas consultados por nuestro diario señalaron que este caso podría enmarcarse dentro de lo establecido en el Artículo 192 del Código Penal, que habla de la lesión de confianza.
“El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”, señala ese artículo.
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Quitaron medidor de Ande al anfiteatro
Otro punto revelado en los informes de la verificación es que el predio ya no cuenta ni con medidor de la Ande (Ver facsímil). Según el recuento, se debió a que la estatal retiró el servicio de provisión debido a deudas acumuladas. Aún así, se detectaron conexiones directas del tendido eléctrico.