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Un contrato de arrendamiento que violó la ley, obras y mejoras que no fueron aprobadas por la Municipalidad de San Bernardino y varias irregularidades más. Estos son apenas algunos de los ingredientes que forman parte de la serie de informes de la CGR con respecto a la situación del anfiteatro José Asunción Flores de la villa veraniega.
Los documentos ya fueron remitidos a la comuna días atrás y ABC Color accedió a copias de los informes en los que se detallan las irregularidades.
Contrato violó la ley
Una de las conclusiones más relevantes señala que el contrato de arrendamiento firmado en 2016 entre la Municipalidad de San Bernardino y el funcionario público Néstor David Martínez Britos violó términos establecidos en la ley.
“El contrato fue por el término de 7 años, incumpliendo el Artículo 807 del Código Civil”, refiere el informe.
En concreto, el señalado artículo de la Ley 1183/85 “Código Civil Paraguayo” establece taxativamente: “El contrato de locación no podrá celebrarse por un plazo mayor de cinco años. El estipulado por un plazo más largo, quedará reducido al término indicado, a no ser que el inmueble urbano, objeto del contrato, se hubiese alquilado para levantar construcciones en él, o se tratare de fundos rústicos arrendados con el objeto de realizar plantaciones que requieran largo tiempo”.
El contrato del escándalo
El anfiteatro José Asunción Flores fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 1990 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del establecimiento.
El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la Ley 4784, por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino, donde está el anfiteatro. En total, los tres inmuebles suman más de nueve hectáreas.
Luego de varias disputas que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, la ley quedó firme y el Estado tuvo que desembolsar casi G. 35.000 millones por la valiosa propiedad.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del anfiteatro hasta el 2032, algo que no estaba previsto dentro del proceso inicial.
La Comuna, a su vez, terminó concesionando el usufructo del anfiteatro José Asunción Flores en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Bernardino, el liberal llanista Luis Aguilar y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público y proveedor del Estado.
Seis siglos de pagos
Según se puede ver en el documento, la Comuna entregó el usufructo del Anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivaldría a unos G. 57 millones por año.
Es decir, el arrendatario debía entregar el equivalente a G. 4.750.000 mensuales.
A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.
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Semanas atrás trascendió que Martínez Britos subarrendó a una de las empresas que opera en el lugar por G. 780 millones por cuatro años. Esto es, unos G. 195 millones anuales.
Con un solo contrato, Martínez Britos casi dobló el monto total que pagó a la comuna y triplicó el monto anual.
Si se toma en cuenta el desembolso de G. 35.000 millones que realizó el Estado y los G. 57 millones anuales que percibió la comuna en los últimos años, un cálculo rápido arroja que recién en 614 años se podría recuperar la inversión, sin tener en cuenta valores inflacionarios y plusvalías.
Nuevo intento de violación
Como si todo esto no fuera suficiente, la comuna de San Bernardino había intentado una ampliación del contrato de arrendamiento ya en 2021, cuando pretendieron entregar el predio por otros diez años, nuevamente por encima del límite establecido por ley.
Mejoras sin permiso
La Contraloría también denunció que las mejoras introducidas en el anfiteatro “no fueron aprobadas por la Municipalidad, incumpliendo el contrato suscrito de fecha 26/10/2016″.
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“La Municipalidad deberá implementar mecanismos de control, a fin de que aquellos contratos de arrendamientos de inmuebles que establezcan la incorporación de mejoras, se cumplan de acuerdo conforme fueron establecidos”, señala la recomendación al respecto.
El ente de control también señaló que la comuna no aplicó en forma oportuna la cláusula de incumplimiento de contrato al haberse comprobado la introducción de mejoras sin aprobación.