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El informe de la Contraloría General de la República (CGR) de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de Óscar Miranda reveló que se pagó al menos G. 1.284.626.600 por obras que no existen. También hay ítems por ejecutar por G. 319.019.612, como así también se detectaron gastos por G. 942.526.425 sin documentos respaldatorios.
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En el 2020, el entonces jefe comunal de San Salvador desembolsó G. 1.008.460.975 de los royalties para la construcción de empedrados y reparación de caminos, pero estas obras no se encontraron en las ubicaciones señaladas, indica la verificación de la Contraloría, en tanto que faltan ítems por valor de G. 319.019.612 en la refacción de escuelas y en la construcción de aulas que se financiaron con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Asimismo, en el 2021, Óscar Miranda destinó G. 376.719.000 para la restauración de caminos vecinales que los fiscalizadores no encontraron. También se comprobó que nunca se construyó un tinglado y un empedrado por los que pagó G. 276.165.625 del Fonacide, siempre según la Contraloría.
Otras irregularidades detectadas y detalladas en el informe son la falta de documentos respaldatorios de gastos con recursos propios, del Fonacide y de los royalties. En este paquete de más de G. 940 millones se encuentra el pago por un contrato de G. 95.000.000 adjudicado a la empresa Itapoty SA, del diputado Éver Noguera, para la distribución de almuerzo escolar en el 2021. La Contraloría señala que se contrató a la empresa del legislador sin llamar a licitación pública y que, además, la Municipalidad de San Salvador carece de las actas del cumplimiento de la entrega de la comida.
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Óscar Osmar Miranda Cáceres, de 41 años, es precandidato a la Junta Departamental de Guairá y cabe señalar que benefició a su líder, el diputado Éver Noguera, quien es precandidato a gobernador por Fuerza Republicana.
Miranda fue señalado como planilllero meses atrás, ya que fue contratado en la Essap de Villarrica como enfermero pero nunca acudió a su lugar de trabajo, según confirmaron funcionarios de la aguatera estatal. De acuerdo a datos de la Secretaría de la Función Pública y de la misma Essap, tenía un salario de G. 8.500.000 y llegó a cobrar al menos dos meses sin trabajar, pero tras el escándalo dejó de ser funcionario de la entidad.
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