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La iniciativa, que ya llegó a integrar el orden del día en sesiones pasadas, fue a propuesta de la propia Contraloría, que hace tiempo viene alertando que la utilización de los Tribunales de Cuentas son un mecanismo para evitar que el ente contralor establecido por la propia Constitución pueda auditar a varias instituciones.
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Puntualmente se plantea modificar el artículo 30 de la Ley de Organización Judicial, para agregar taxativamente que “el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de las cuentas de los Organismos de Control y Entidades del Estado, cuyo análisis será inicialmente administrativo y estará a cargo de la Contraloría General del Estado”.
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Valiéndose de acciones de inconstitucionalidad, son varias actualmente las entidades y organismos del Estado que evitan la transparencia, entre ellas la propia encargada de resolver las acciones, la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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También se destacó recientemente que hacen lo mismo que lo citado: el Tribunal Superior de Justicia Electoral, después del incendio de parte de su sede, así como la Fiscalía General, varias gobernaciones, municipios, etcétera.