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El presupuesto municipal de Caapucú es de G. 6.000 millones; sin embargo, no se ven proyectos que beneficien a los contribuyentes, aseguran los ediles. Mientras el legislativo y el ejecutivo municipal no se ponen de acuerdo, la ciudadanía debe soportar el abandono municipal.
En abril pasado se tuvo un cambio en la mesa directiva, situación que no gustó al jefe comunal y desde entonces no reconoce a la Junta Municipal. Todos los proyectos, las resoluciones o las contrataciones se realizan de manera irregular, pues el Ejecutivo necesita de la aprobación de la Junta Municipal.
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El grupo de los siete ediles está conformado por: José Villalba Benítez, Delia Schupp de Núñez, Francisco David Rojas, Lucas Milán Giménez, Luis Carlos Agüero Zarza (liberales) y los colorados Rubén Darío Pedrozo y Cayo Ignacio Barbosa Hermosa. Este grupo sesiona normalmente, pero no es reconocido por Penayo, quien incluso se niega a recibir notas que provengan del legislativo.
En tanto que la minoría leal al jefe comunal está integrada por los colorados Hernán Olavarrieta, María Elisa Espínola de Villalba, Juan Benítez, Lidia Telles y Julia Virginia Armas Maqueda (esta última del PLRA). Estos ediles cobran regularmente sus salarios, pero no asisten a las sesiones. Solo acuden, firman el acta de asistencia y se instalan en el despacho de Penayo.
El intendente tiene un salario de G. 6 millones y cobra también por gastos de representación G. 5 millones; es decir, desangra las arcas municipales por mes G. 11.000.000 y al año G. 143.000.000, incluyendo aguinaldo.
Intentamos también buscar algunos datos mediante el acceso a la información pública y encontramos que hasta la página web de la Municipalidad fue anulada; es decir, el ciudadano no tiene forma de enterarse de qué gestión hace la Municipalidad. Incluso, desde el 2020, la CGR le dio calificación “cero” en el cumplimiento de la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI) a la Municipalidad de Caapucú.
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Contraloría está realizando una auditoría de su gestión
La Contraloría General de la República (CGR), por resolución Nº 758, ordenó una auditoría al proceso del almuerzo escolar y el control sanitario de dicho servicio. Esto, tras la insistencia de los ediles opositores, pues la contratación del servicio se realizó sin pasar por la Junta Municipal.
“Nosotros insistimos que se puedan ampliar la auditoría porque consideramos que revisar solo el almuerzo escolar es algo parcial. El intendente no presentó nada desde que asumió y hay una total falta de transparencia en la gestión. Necesitamos saber qué se está haciendo con el dinero de los contribuyentes, de royalties y Fonacide”, dijo la concejala Delia Schupp de Núñez.
Al respecto llamamos varias veces al intendente Penayo y dejamos mensajes de voz explicando el motivo de nuestra insistencia, pero no obtuvimos respuesta.