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Primero, no se sabe quién tomó la decisión, aunque se sospecha, con mucho fundamento, que habría sido el comando de Honor Colorado o directamente el expresidente Horacio Cartes.
El hecho de que la decisión se haya hecho pública justo cuando el presidente Santiago Peña salía a un nuevo viaje ayudó a evitar que deba dar explicaciones a la prensa.
Al mismo tiempo, reforzó la impresión de que el mandatario poco tenía que ver con la decisión, algo que se ha vuelto habitual en este periodo.
La forma en que el Gobierno manejó la información hace que cualquier cosa que digan ahora sea poco creíble. Antes que el diario Washington Post confirmara el dato, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, fue consultado y negó vehementemente su veracidad. O sea, mintió.
Cuesta creer que Rachid creyera que la información no se haría pública más pronto que tarde. Pero su reacción más bien lleva a pensar que, aunque cueste decirlo, desconocía la decisión, cosa que sí admitieron el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González.
El hecho de que estas altas autoridades se enteraran de la novedad por la prensa es absolutamente inverosímil, pero dice mucho de cómo se manejan las decisiones en este gobierno.
El líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, justificó la medida diciendo que se debía “regular la injerencia extranjera” (?).
Se pueden hacer muchas especulaciones sobre esta cuestión.
Sabemos del conflicto que existe entre las instituciones de seguridad de los EE.UU. con el expresidente Horacio Cartes, al punto de que este fue designado “significativamente corrupto” en julio de 2022, le retiraron la visa y, posteriormente, concretaron sanciones económicas en su contra.
También es de público conocimiento que Cartes considera que durante la administración de Mario Abdo Benítez (2018-2023) se filtraron denuncias “falsas” en contra de él y que eso motivó, según él, las decisiones de EE.UU. en su contra, de las que no se pudo defender.
Se puede pensar que, con la decisión de cortar la cooperación de la DEA, se sacará de la Senad a funcionarios norteamericanos. Es decir, sería una suerte de represalia.
Cuesta creer que estas cosas pasen, pero la falta de explicaciones racionales del Gobierno hace que cualquier especulación parezca creíble.
¿Qué ocurrirá con los operativos antidrogas a partir de ahora? La Senad, por sí misma, no parece que tenga la capacidad de llevarlas adelante.
Otra cuestión, ¿por qué no se esperó para hacer esto hasta que asumiera la administración de Donald Trump con quien, supuestamente, este Gobierno tendrá mejor sintonía?
Estas y otras preguntas quizás tengan respuesta, o no, en los próximos días o semanas.
Lo cierto es que la administración de Peña parece haber tomado una decisión arriesgada y dando la impresión que se hizo con apresuramiento, ocultamientos y con oscuras motivaciones, cuestiones todas que van en contra de la imagen de seriedad que cada tanto quieren proyectar.