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Es más que evidente que esa confianza en nuestro medio va en progresivo declive aumentando la decepción y la insatisfacción. La mala gestión económica y financiera en el manejo de la res pública, el despilfarro del erario público, prácticas corruptas a grandes escalas, la falta de transparencia, la injusticia y la desigualdad en los procesos, las denuncias de actos de corrupción rezagados en confusos procesos judiciales, la impunidad frente a la corrupción, los odiosos e inconstitucionales privilegios que las autoridades se autootorgan incurriendo en discriminaciones constitucionalmente prohibidas, el clientelismo y populismo. Los escándalos de corrupción en los que están involucrados funcionarios públicos de alto y bajo rango, la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado, el lavado de activos, la delincuencia desenfrenada, las precarias condiciones de vida de grandes sectores de la población que se merece una mejora del nivel de vida ante la falta de capacidad de respuesta del Gobierno y de quienes forman parte de los otros poderes del Estado para resolverlos, la cultura de antivalores, la degradación de la relación entre elegidos y electores. El aprovechamiento personal de los cargos públicos, todo lo cual conspira para deteriorar los lazos primordiales que unen a los ciudadanos con el Gobierno produciendo el inevitable declive en la confianza institucional por parte de la ciudadanía en sus gobernantes e instituciones acrecentado día a día el ambiente de desconfianza. El Gobierno funciona para unos pocos y no funciona para la mayoría.
Las mediciones con respecto a la percepción ciudadana referente a la desconfianza de la misma en las instituciones ha arrojado que la que con más desprestigio aparece disputándose los primeros lugares es el Parlamento, el espacio de representación por excelencia que se supone debe actuar en beneficio del representado. Lamentablemente, nuestros parlamentarios, sujetos de cuestionada idoneidad como de probidad, moralidad y valores, han venido haciendo gala sin atisbo de vergüenza alguna del incumplimiento de las propuestas electorales, las cuales únicamente estaban vigentes mientras fungían de candidatos, para luego ser desechadas como si no importaran nada convirtiéndose en responsables del deterioro de las instituciones representativas.
No escapa al cuestionamiento la erosionada desconfianza en el Ministerio Público, quien, inexcusablemente, está concebido para constituirse como uno de los contrapesos en el combate a la corrupción en cualquiera de sus formas, y en la protección de los intereses generales de la sociedad soslayando esa función con dudosas actuaciones al colmo de propiciar por la decidía incurrida, en algunos casos, sino con la complicidad la impunidad de vergonzosos actos de corrupción por parte de funcionarios públicos profundizando la corrupción.
Ante este escenario la ciudadanía decente y honesta lejos de resignarse debe necesariamente implementar los mecanismos de participación constitucionalizados exigiendo a quienes nos gobiernan una administración pública eficiente y confiable, ya que sin tal administración no cabe esperar una confianza.