Cargando...
Transcurrido poco más de un año de mandato se evidencia que el cartismo tiene una agenda que viene cumpliendo y que apunta a la venganza y las represalias contra personajes políticos e instituciones.
Para ese cometido, como se ha visto, no se ahorra la comisión reiterada de abusos, violaciones a las leyes y al sentido común.
En algunos casos, las cosas les han salido “bien” como el de la expulsión del dirigente de base colorado Gerardo Soria, que osó criticar abiertamente la figura de Horacio Cartes. También la expulsión del Congreso de la senadora Kattya González, caso que por su gravedad y arbitrariedad motivó cuestionamientos a nivel internacional y que, de hecho, está pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Ha impulsado procesos judiciales y ha creado una comisión parlamentaria de investigación con el mismo afán de persecución.
La duda que emerge inmediatamente es si estas situaciones afectan o no a Peña, en términos de costo político para su gestión. Parecería que no, por ahora, pero eso solo podría corroborarse con alguna encuesta seria o una próxima elección.
Los medios de prensa y la ciudadanía que sigue los temas políticos prácticamente han normalizado el hecho de que tenemos un Presidente de la República que no toma decisiones de política partidaria y de su movimiento interno, espacios en los que, de hecho, tiene poca o nula incidencia.
Aunque esporádicamente el mandatario ha lanzado definiciones de carácter político (la última fue cuando tildó al gobierno de Mario Abdo Benítez como el más corrupto de la historia) las mismas parecen haber sido fruto de la presión de las consultas periodísticas y de la obligación de ponerse a tono con su condición de integrante del cartismo antes que de una sincera convicción.
Peña no tiene parlamentarios en ninguna de las cámaras que pueda decir que le son leales así como tampoco ningún miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Es decir, carece de cualquier tipo de soporte legislativo o partidario efectivo.
En cuanto al gabinete presidencial, es un secreto a voces que son pocos los que le responden a él: el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; Gustavo Villate (Mitic), Claudia Centurión (MOPC), el procurador Roberto “ilo” Moreno, Carlos Carvallo, presidente del BCP. Antes también estaba la jefa de Gabinete, Lea Giménez, quien por las presiones partidarias dejó este año el cargo.
La versión que corre en los pasillos palaciegos es que estas personas que le son leales y que no provienen del círculo político partidario colorado volverán en algún momento no lejano a la actividad privada, donde se sienten mejor.
Cuándo se producirá eso y cuáles serán las consecuencias para la administración de Peña son dudas razonables que se plantean.
El cartismo, obviamente, pretende que Peña culmine bien su mandato en 2028 e inclusive ya tiene resuelto su relevo para el próximo periodo: el actual vicepresidente Pedro Alliana.
Sin embargo, cuatro años son largos y ni el más optimista de los cartistas puede creer que serán tranquilos.