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Su líder hizo gala de su falta de escrúpulos apenas apareció en el escenario político, comprando votos en el Partido Colorado para modificar el estatuto partidario y así poder ser el candidato a presidente en 2013.
Una vez en el poder, no tuvo miramientos para seguir comprando voluntades en el Congreso, según afirmó la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, intentando modificar la Constitución para hacer posible al empresario tabacalero poder optar a la reelección. Esta maniobra terminó trágicamente con una represión generalizada y el asesinato del joven militante liberal Rodrigo Quintana, responsabilidad política que Cartes nunca asumió como debiera.
Los abusos y atropellos sumados a odios internos creados en el anterior periodo le costaron la derrota electoral, pero después, la experiencia acumulada y las debilidades del gobierno de Mario Abdo Benítez le permitieron posicionarse nuevamente para ganar, a través de su exministro de Hacienda y luego empleado, Santiago Peña.
Recuperado el poder en 2023, Cartes y su equipo muestran ahora que la persecución y venganza contra sus enemigos políticos son algunos de sus principales objetivos.
Para el efecto, utilizan especialmente la debilidad de las instituciones, la venalidad de las autoridades que las integran y la inmoralidad de algunos abyectos personajes políticos que no dudan en venderse para, a su vez, sumarse al plan autoritario.
En el Congreso, la expulsión de la senadora Kattya González (PEN), la utilización sistemática de su mayoría, particularmente en la Cámara de Diputados, para acallar los debates, así como el acaparamiento de cargos para familiares y operadores políticos son el sello de identidad del cartismo en este periodo.
En el Poder Judicial, su marca distintiva es la de perseguir con causas judiciales a sus enemigos, forzando y hasta sobrepasando los límites que establecen las leyes y procedimientos. El caso de la acusación de Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez mostró, por ejemplo, cómo el abogado acusador, Pedro Ovelar, era el principal operador, investigador y quien realmente conducía el caso para la Fiscalía.
Cuestión aparte son los fiscales que no responden al cartismo, que reciben advertencias sobre sanciones que pueden sufrir, como el caso del fiscal Luis Said, a quien aparentemente evitaron sacar del medio debido a las presiones, que hasta pudieron haber sido desde fuera del país.
En estos días, el cartismo parece decidido a subir la apuesta y proyecta crear una Comisión Bicameral de Investigación con el objetivo, supuestamente, para indagar sobre delitos de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
La vaguedad y amplitud a la que apuntan, sumados a los antecedentes de lo que vienen haciendo desde siempre, lleva a sospechar que el cartismo se embarcará en otro episodio más de persecución, ya sea contra dirigentes de su propio partido, de otros partidos e inclusive de empresas privadas y personas particulares a los que consideren obstáculos para su proyecto totalitario.