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Uno de estos problemas es el nepotismo o el sistema clientelista instalado y sostenido desde hace décadas por el mismo partido que llevó a Peña al poder.
El motivo por el cual no se ocupará en tratar de resolver esta cuestión es más que obvio: no puede hacerlo. No tiene ni las condiciones ni el liderazgo para intentarlo siquiera.
En realidad, tratar de hacer algo al respecto sería afectar directamente los “intereses” del Partido Colorado y sus aliados que, como dijo en su momento el expresidente Horacio Cartes, consideran al Estado “un tití” del que se amamantan los políticos, sus familiares, amigos, amantes y operadores.
Si bien varios de los casos que se han destapado en las últimas semanas se refieren sobre todo a parlamentarios y sus parentelas en el Congreso, nadie duda de que eso es solamente la punta del iceberg y que esta situación se repite con más virulencia en otras instituciones del Estado, especialmente en los Ministerios de Educación y de Salud Pública.
Peña, aparentemente, se abocará especialmente a cuestiones económicas. En particular, grandes obras de infraestructura que generarían muchas fuentes de trabajo.
¿De dónde saldrán los recursos para eso, teniendo en cuenta que sería poco prudente seguir endeudando al país con préstamos y con la emisión de bonos?
Una pista sobre esa cuestión la dio el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien hace unos días señaló que buscan aumentar el costo de la tarifa de la energía de Itaipú Binacional para obtener fondos por hasta US$ 2.000 millones anuales, a ser divididos en partes iguales entre nuestro país y Brasil.
La cuestión no será fácil porque el gobierno del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, antes que aumentar la tarifa, quiere mantenerla tal cual con el objetivo de revitalizar las industrias de su país.
Pero supongamos que los negociadores paraguayos consiguen con mucha habilidad imponer su criterio de aumentar la tarifa y acceden a los US$ 2.000 millones deseados.
Resultará muy difícil confiar en que habrá una buena administración del dinero, teniendo en cuenta que el gobierno de Peña no ha dado muestras de que está dispuesto a cuestionar y menos a combatir el despilfarro en el que están inmersas varias instituciones.
Tal como están las cosas, es más posible creer que la mayor parte del dinero de Itaipú irá a parar a los bolsillos de algunos pocos y que las obras que se proyectan quedarán a medio terminar o sin empezar siquiera.
La reacción de mucha gente muestra que la ciudadanía paraguaya ya no está dispuesta a admitir administradores que “roban pero hacen”.
Si Peña no se da cuenta de que su actitud condescendiente con quienes roban el dinero público y utilizan las instituciones del Estado para provecho propio irrita a la mayoría, posiblemente termine no haciendo las obras que prometió y sea devorado por el sistema corrupto que no quiere o no puede combatir.