Cargando...
Los ediles alegan la serie de supuestos casos de corrupción que se habrían cometido y la falta de acceso a la información pública. Por su parte, la intendenta Sandra Mc Leod de Zacarías (ANR) se reunió con dirigentes de gremios afines oficialistas, quienes formaron una coordinadora “en defensa de la institucionalidad” para insistir ante la Cámara Baja en el rápido tratamiento del tema y el rechazo de la intervención.
Mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados se debería conformar la comisión especial que estudiará el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, solicitado en abril por la Junta Municipal, que por primera vez en quince años, tiene mayoría opositora.
En un intento por frenar el pedido, la intendenta se reunió el lunes con dirigentes colorados afines a su administración e integrantes de distintas organizaciones, desde mesiteros y casilleros hasta docentes y comerciantes. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Federación de Trabajadores de la Vía Pública, los presentes dijeron que la solicitud de intervención tenía como trasfondo una persecución política al marido de la jefa comunal, el político colorado Javier Zacarías Irún. En la reunión también estuvo el diputado Elio Cabral (ANR).
Tras esa reunión, los gremios formaron una Coordinadora de las Fuerzas Vivas de Ciudad del Este en Defensa de la Institucionalidad y emitieron un comunicado donde piden “respeto a la legalidad y las autoridades legalmente constituidas; afirman que no quieren seguir “conviviendo con la zozobra y la inestabilidad” y alegan que esta capital departamental “necesita paz y tranquilidad para progresar”.
Con el objetivo de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR), los miembros de la coordinadora anunciaron un viaje a Asunción para mañana y una movilización frente a la Cámara Baja. Solicitarán que se trate cuanto antes el pedido de intervención y que éste se rechace. Además, durante la reunión con la intendenta anunciaron manifestaciones en contra los concejales opositores que conforman el llamado “G7”.
Entretanto, la oposición de la Junta Municipal insiste en la necesidad de que la Cámara Baja apruebe la intervención, aunque no parece estar muy segura de que ocurra.
“No considero que sea una persecución política”, dijo el edil independiente Miguel Prieto, al tiempo de acotar: “creo que van a intentar frenar la intervención, pero espero que no (...) Yo tengo esperanza, fe en los diputados y hasta el último voto voy a seguir teniendo esperanza de que van a hacer lo correcto”.
“Muchas informaciones no están claras dentro del municipio. La misma Contraloría se expidió diciendo que Ciudad del Este no cumple con la Ley de Transparencia, y hay tantas cosas que queremos saber y hay informaciones a las que no podemos acceder. Si realmente es un municipio transparente, vamos a aplaudir la gestión, vamos a admitir que nos equivocamos. Y si se demuestra que existe un desfalco tremendo en la institución, van a tener que pagar civil y penalmente por los delitos que están cometiendo”, añadió Prieto.
Para Prieto, de los 25 puntos considerados razones para pedir la intervención de la Comuna, Prieto consideró el más grave, la manera en que se construyeron shoppings privados dentro del predio de las 9 hectáreas, ubicado en el microcentro, donado en los ´90 a la Municipalidad con la condición de que sea empleado para la reubicación de los trabajadores de la vía pública. “Es el mayor negociado de la historia de la ciudad”, indicó el concejal.
Por su parte, el concejal independiente Celso “Kelembu” Miranda afirmó que “se va a sepultar el Partido Colorado si no viene la intervención. Si eso pasa, es porque Cartes (Horacio) mandó atajar, así dice la gente”. El edil afirmó que no importa que Javier Zacarías sea Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la ANR, porque “no podemos ser partidarios y ver que está robando. Por ser colorados, deben dar oportunidad al pueblo de que se controle”. “Los diputados no pueden negar el derecho de la ciudadanía de que se controle la municipalidad, que hace 15 años no se fiscaliza”.