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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría General de la República, cuestionó la decisión del Ministerio Público de solicitar la desestimación de una causa por supuesto perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS) por más de un billón y medio de guaraníes durante la administración de Vicente Battaglia.
La semana pasada, los fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron al juez Rodrigo Estigarribia la desestimación de una denuncia hecha por la actual administración del IPS, encabezada por Jorge Brítez, contra la de su antecesor, a la que se acusa de un supuesto perjuicio de 1.630.414.082.023 guaraníes.
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Un reporte de la Contraloría, en que se sustentó la denuncia promovida por el IPS, señala posibles derroches en fondos para combustible, diferencias en montos de créditos adquiridos y retirados por la previsional, irregularidades en el pago de subsidios por maternidad y enfermedad, entre otras anormalidades.
Sin embargo, los fiscales resolvieron que no hay indicios suficientes para determinar que existió un perjuicio patrimonial al IPS.
“Error de apreciación” de Fiscalía
Ortega dijo que, analizando el escrito de desestimación presentado por los fiscales, “entendemos que hay un error en la apreciación de los hechos para poder concluir como concluyeron” los agentes del Ministerio Público.
Explicó que los fiscales indican en su escrito que la administración de Battaglia cumplió con lo previsto en la Ley 7.037 al presentar documentos respaldatorios del crédito adquirido por la previsional para el pago de los programas de maternidad y enfermedad.
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Sin embargo, la observación de la Contraloría no se limitaba a esos fondos sino a que, en general, hasta diciembre de 2022 –fecha de cierre de la auditoría- el IPS “no tenía documentos respaldatorios a la composición pendiente de saldo a los proveedores”.
“El IPS no sabía a quién debía, por qué, cuánto debía o cuándo iba a pagar”, explicó y añadió que hasta junio de 2023 –hasta cuando terminó extendiéndose la auditoría de Contraloría- el IPS afirmaba no tener la composición de saldo o los documentos respaldatorios.
Conclusión de Fiscalía es “inexacta”
Ortega calificó de “cuando menos inexacto” que la Fiscalía invoque el cumplimiento de la Ley 7.037 para solicitar la desestimación porque “no profundizó sobre el hecho preciso denunciado por Contraloría”.
“(La Fiscalía) debió ahondar en por qué para junio de 2023 el IPS no tenía estos documentos”, insistió.
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Además, afirmó que, ante el billón y medio de guaraníes de presunto daño patrimonial, los documentos a los que la Fiscalía supuestamente logró acceder después de finalizada la auditoría de Contraloría solo respaldan unos 350 mil millones del préstamo para el pago del subsidio por maternidad o enfermedad.
“No entendemos cómo simplemente (los fiscales) concluyen el cumplimiento total de la ley cuando el trabajo de auditoría abarcaba mucho más que los montos, fondos y el pago, sino el estado financiero de la entidad”, agregó.