Cargando...
En una nota firmada por Sergio Lovera, del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS) (Sipradips), se solicitó al contralor general de la República, Camilo Benítez, un examen especial “de carácter urgente” a la administración de la previsional, considerando el escándalo generado por la compra de bonos en un banco privado que tiene vínculo con el grupo empresarial en el cual el presidente Santiago Peña posee inversiones.
Primeramente, piden análisis en torno al “retiro anticipado de depósitos del IPS de las diferentes entidades bancarias”, las consecuencias y posibles penalizaciones, que impliquen un daño patrimonial al IPS. “Si se firmó a tres años y se retiró antes, tenemos que pagar 2% sobre eso y eso será un daño patrimonial”, planteó Lovera.
Lea más: Ueno Bank revela cuánto realmente tiene IPS en el banco vinculado al presidente Peña
Además, se solicitó analizar si el Consejo de Administración del IPS cuenta con el dictamen de la Contraloría para retirar anticipadamente depósitos de Certificados de Ahorro (CDA) e invertir en “bonos” el dinero del Seguro Social. También se pidió verificar si el Consejo tiene el dictamen favorable de la Superintendencia del Banco Central del Paraguay.
De la misma manera, los sindicalistas pidieron remitir un oficio al BCP para conocer los fundamentos jurídicos y financieros para “autorizar al IPS la inversión en un banco de corta trayectoria e historial, con capital integral desconocido y que no cuenta con calificación anual de BCP”.
Lea más: Presidente de IPS defiende compra de bonos de Ueno y no da detalles sobre oferta de Itaú
Como quinto punto, solicitaron analizar el dictamen emitido por el director jurídico del IPS, quien no pertenece al plantel permanente de funcionarios y, según ellos consideran, “no cuenta con la idoneidad suficiente requerida por el cargo”. Cuestionaron en ese punto que se haya contratado a una asesoría externa, pese a que el IPS tiene un equipo de abogados idóneos para hacer todos los análisis.
“Queremos saber cuánto pagó el IPS para esa asesoría externa”, enfatizó el líder sindicalista, en contacto con ABC Color.
Pidieron también analizar exhaustivamente el dictamen de la Dirección Jurídica, pues la Carta Orgánica del IPS prohíbe prestar dinero “sin garantía de recuperación”. “Como mínimo, el banco tiene una calificación de historial de como 10 años, pero ni siquiera tiene capital integrado, nos preocupa de sobremanera”, expresó Lovera.
Lea más: Caja de Jubilaciones de IPS: sindicatos buscan diálogo con miembros del consejo administrativo
Finalmente, también destacaron la necesidad de verificar e identificar al o a los accionistas integrantes responsables que componen el grupo Ueno Bank, su capital integrado y la relación o vínculo existente con el presidente de la República, Santiago Peña.
“Nosotros estaríamos en condiciones de denunciar a la Fiscalía al presidente de la República”, advirtió. Lovera señaló que estarán esperando el dictamen de la Contraloría para poder remitir los informes a la Fiscalía.