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El patrimonio de la fiscala Katia Uemura quedó en la mira desde el 10 de julio de 2023, tras el operativo Pavo Real - Py, a cargo del fiscal de Narcotráfico Osmar Segovia, que fue prosecución de los procedimientos del mismo nombre hechos en Brasil. Pues, en Paraguay se allanó una suntuosa casa en Pedro Juan Caballero, donde Uemura residía con su entonces marido, el abogado Daniel Montenegro Menesez, quien fue detenido ahí como supuesto colaborador para el lavado del dinero del capo narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
Tras aquello y publicaciones periodísticas, la Contraloría inició el 12 de julio un examen de correspondencia de los bienes de la fiscala Uemura, y solicitó datos vía oficios a 27 instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
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El análisis según explicó el subcontralor Augusto Paiva, a través de ABC TV y ABC Cardinal, se hizo en base a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), presentadas por Uemura el 26 de mayo de 2008, el 22 de abril de 2015 y el 28 de octubre de 2019.
En el dictamen de Contraloría, del 11 de abril de 2024 y firmado por Paiva, figuró que Montenegro tiene a su nombre 17 inmuebles en Pedro Juan Caballero, Asunción, Concepción y Central. Mientras que a nombre de Uemura hay tres inmuebles, todos en Pedro Juan Caballero. Uno de ellos, la mansión allanada en el 2023.
Uemura compró mansión después de su última declaración
Sobre dicha casa, la fiscala dijo en su descargo que lo compró el 3 de octubre de 2021, luego de presentar su última declaración jurada. También deslindó responsabilidades sobre los inmuebles de su ex esposo Montenegro, ya que estos “no guardan relación con esta funcionaria pública”, pues por SD N° 251 del 17 de octubre de 2016 se disolvió su comunidad de bienes.
Agregó que está divorciada desde el 19 de setiembre de 2023, cuando se emitió la SD N° 183.
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En vista a estos puntos señalados por Uemura, la Contraloría se rectificó y levantó la observación sobre la mansión y otros inmuebles de Montenegro de los cuales no pudo obtener datos.
En otro punto de la conclusión del dictamen se resaltó que entre 2008 y 2019, el ingreso total percibido por Uemura ascendió a la suma de G. 5.857.910.009. En tal sentido, concluyó la Contraloría General de la República que existe correspondencia conforme a los ingresos señalados entre la primera y la tercera declaración jurada que presentó la agente fiscal.
Ley solo habilita a CGR a comparar declaraciones
Por su parte, Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas, señaló “hicimos una observación sobre los inmuebles que no fueron declarados y Registros Públicos no nos brindó la fecha en la que fueron adquiridos”.
Sobre la mansión, “para nosotros se podrá analizar en la próxima declaración jurada cuando presente, sea por baja por ascenso de cargo. Para así establecer de dónde sacó la plata para construir la casa, de dónde obtuvo el dinero. Todo eso, ahí recién se va a poder corroborar”, dijo Torres.
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Aclaró que la Constitución, en su artículo 283, numeral 6, establece que la Contraloría solo puede emitir dictámenes luego de un análisis entre declaraciones presentadas. Agregó que otras instituciones sí pueden verificar la situación patrimonial, como el Ministerio Público, amplió después.
Sin embargo, a casi un año del operativo la Fiscalía no indagó a la fiscala Uemura, según indicaron fuentes del Ministerio Público.