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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, habló de la situación de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), que se encuentra hundida en una grave crisis financiera que el Gobierno está buscando avenidas para solucionar.
El procurador González señaló que la Procuraduría está acompañando jurídicamente las gestiones del presidente de la Copaco, Óscar Stark, para buscar alternativas financieras.
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El mes pasado, Stark señaló que varias instituciones del Estado deben un total aproximado de 30.000 millones de guaraníes a la Copaco por la provisión de servicios de internet y telefonía.
González indicó también que las gestiones en curso incluyen un diálogo abierto con los sindicatos de funcionarios de la Copaco, ya que cualquier dinero que ingrese a la empresa estatal, sea por medio de inversiones privadas o vía una inyección por parte del Gobierno, deberá llevar a “cuestiones que ajustar” relacionadas a los contratos colectivos con los trabajadores.
El procurador se pronunció también sobre un pedido por parte de un acreedor de la empresa de telefonía Hola Paraguay SA -Vox –, propiedad de la Copaco, de iniciar un juicio de quiebra contra la firma a raíz de una deuda impaga de 100.000 dólares por el alquiler de un terreno.
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Indicó que la Copaco solicitó apoyo de forma “extraoficial” a la Procuraduría y que, a su juicio, en principio, no se reúnen los requisitos para que proceda el pedido de quiebra.
Caso Mota Engil
El procurador González habló también del avance del litigio entre el Estado paraguayo y la empresa portuguesa Mota Engil por la fallida construcción de obras del proyecto Metrobús, en el marco del cual la Procuraduría presentó un recurso de nulidad contra un laudo arbitral que favorecía a la empresa y dictaba que Paraguay debía pagarle aproximadamente 16 millones de dólares.
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Señaló que el plazo en que el asunto se vaya a resolver depende del comportamiento de las partes, pero estimó que, si no hay recusaciones o nuevos incidentes planteados, el asunto debería ser resuelto este año.
Finca 916
Finalmente, comentó que hasta ahora el Estado ha recibido las “llaves” de siete de las propiedades construidas ilegalmente en un terreno público -perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional- en una zona conocida como “Remansito” en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, por políticos o empresarios.
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Esos siete terrenos cedidos por sus ocupantes ilegales al Estado representan alrededor del 50 por ciento de las tierras ocupadas.
Sin embargo, los demás ocupantes ilegales continúan litigando.