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Un reporte de la Contraloría General de la Republica (CGR) sostuvo que los combustibles importados y utilizados en Paraguay contienen MTBE (éter metilberbutílico), benceno y otros componentes que potencialmente pueden contaminar los cursos hídricos, el agua subterránea, el suelo y el aire, ya sea por derrames producidos durante su despacho o fugas de los tanques subterráneos y por gases que se volatilizan al momento de su despacho.
Este informe despertó dudas sobre el alcance que tiene esta institución en cuestiones de medio ambiente. De acuerdo a lo expresado por el abogado Manuel Riera en ABC TV habría que ver cuál es el funcionamiento normativo de una Direccion que no aparece en la ley orgánica de la CGR. Apuntó a la Dirección General de Control de la Gestión Ambiental y Cultural de la institución que dirige Humberto Franco.
“La ley no autoriza a la Contraloría, otros temas que no sean irregularidades de ejecución presupuestaria y manejo de finanzas. Lo equivalente a la fiscalización contable. Hay una superposición de atribuciones que en realidad son del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)”, resaltó.
Considera que no está en su competencia y viola normas constitucionales. “Este no es el campo de la CGR y sería una locura que esto sea una obstaculización, que puede generar un exceso en sus tareas, porque va más allá de lo que tiene autorizado”, dijo.
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Qué hacer desde el Gobierno o Poder Judicial
Entre los que recibieron este informe, “tengo entendido, que uno es el Presidente de la República, Santiago Peña, quien debería no hacerle caso e impugnarse. Se puede frenar con una acción de inconstitucionalidad, si aparecen personas afectadas”, concluyó.