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El presidente de la firma Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, remitió una nota dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco Aurelio González, con la finalidad de solicitar su participación en carácter de tercero coadyuvante en el juicio de amparo constitucional iniciado por frentistas de las vías del tren de cercanías.
En ese sentido, la encargada de despacho de la PGR, abogada Judith Gauto Bozzano, y la procuradora delegada solicitaron intervención procesal y el reconocimiento de sus personerías. El apoyo deviene de la relación entre el Estado paraguayo y Fepasa, pues esta última es una sociedad anónima con participación accionaria mayoritaria del Estado, según la Ley Nº 1615/2000.
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Dentro de su cooperación en el proceso judicial, la Procuraduría General de la República peticionó que se dicte resolución sobre el amparo constitucional, rechazándolo por su “notoria improcedencia”, ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 5 a cargo de la magistrada Cynthia Paola Lovera Benítez.
Según la representación de Fepasa, ejercida por la abogada Rossana Sosa Studotti, “ni la finalidad ni las características del amparo están vinculadas a la pretensión de la parte actora, pues si bien se expone una supuesta amenaza contra la propiedad privada, lo cierto y lo concreto es que la amenaza debe ser inminente y grave de aquello que razonablemente puede ocurrir”.
Añaden desde Fepasa que no se acreditó la urgencia para la aplicación del amparo constitucional ni se agotaron las instancias ordinarias. “Los accionistas no han puesto ningún recurso administrativo previsto en la ley de procedimientos administrativos” y en tal sentido señalan que no hay, a la fecha, acto administrativo del MOPC o de Fepasa contra el cual presentar el recurso. En ese contexto, solicitó el rechazo de la acción.
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Frentistas accionaron para no ser desalojados
En la acción de los frentistas de las vías del tren de cercanías dirigida contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles Paraguayos SA (FEPASA) señalan que ante el inminente peligro de violación del derecho y garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada prevista en el art. 109 de la Carta Magna, el cercano peligro de la no aplicación de la ley Nº 6084/2018 “Que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril”, así como la posible evasión a la ley 5389/2015 “De expropiaciones”, promovieron un amparo constitucional.
De igual manera, los amparistas indicaron que la acción es ante el posible peligro grave de confrontación con secuencias imprevisibles ante la inminencia del atropello a la propiedad privada, alentado irresponsablemente por altas autoridades públicas (en referencia al MOPC y Fepasa). Agregan que los frentistas (también denominados a los que se encuentran sobre la vía del tren) del tramo Asunción -Ypacaraí, acompañan a la acción con los correspondientes títulos de propiedad.
Los accionantes solicitaron en el amparo que solamente puedan ser privados de sus propiedades por una orden judicial, consentida y ejecutoriada mediante proceso de expropiación. También, que se ordene al MOPC y a Fepasa a abstenerse de inmediato de realizar toda acción, declaración y campaña mediática teniente a no reconocer la existencia de la Ley 6084 en todos sus términos.
Añadieron que los desalojos en cuestión ya han tenido inicio en cuanto a los ocupantes precarios, pese a que la ley 6084/2018 “Que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril”, que aún no ha entrado en vigencia. También temen los amparistas que el siguiente paso de desalojo sea iniciado a los recurrentes, quienes dicen ser propietarios con título legítimo y que el desahucio se realice sin el proceso de expropiación e indemnización, así como sin orden judicial, como se está pregonando abiertamente.
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Amparo de frentistas a la vía de tren
La acción de amparo fue presentada en tribunales el 24 de enero de 2024 por más de 30 frentistas y la misma se tramita ante la jueza Penal de Garantías Nº 3 Cynthia Lovera. La garantía constitucional fue promovida por el abogado Guillermo Benítez y llama la atención que uno de los amparistas es el magistrado Manuel Aguirre Rodas, juez Penal de Sentencias.
La acción de amparo constitucional va promovida contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles Paraguayos SA (Fepasa).