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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, comentó que los reportes de inconsistencias en los patrimonios de funcionarios públicos que se hicieron públicos hoy corresponden a una serie de pedidos de exámenes de correspondencia solicitados por el Consejo de la Magistratura, además de solicitudes de Fiscalía y otros exámenes iniciados “de oficio” por el ente contralor.
Torres comentó que el Consejo de la Magistratura solicitó exámenes de correspondencias para unos 120 jueces, fiscales y defensores públicos, y los primeros de esos exámenes están siendo terminados, “algunos con observaciones que se han comunicado a los funcionarios para su descargo”.
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La Contraloría halló inconsistencias en las declaraciones juradas de funcionarios de alto perfil como la fiscala Katia Uemura, cuyo esposo, el abogado Daniel Montenegro, fue detenido este año bajo sospecha de estar involucrado en un esquema de lavado de dinero relacionado al supuesto narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao.
Jueces y un ex viceministro
También se detectaron inconsistencias en los patrimonios de los jueces Amílcar Marecos y Maribel Concepción Rojas, el ex viceministro de Transporte Víctor Sánchez y funcionarios de instituciones como la Gobernación de Central, la Caja de Jubilados de la Municipalidad de Asunción, la Patrulla Caminera y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Torres dijo que la instrucción del contralor general, Camilo Benítez, es culminar lo más rápido posible los exámenes de correspondencia, dando prioridad a los pedidos del Ministerio Público sobre temas relacionados a causas penales en proceso.