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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández, tras realizar la audiencia de imposición de medidas, dictó varias medidas de vigilancia para la exviceministra de Finanzas del MOPC Marta Regina Benítez Morínigo y al exgerente del Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, a través de los AI N° 252 y AI N° 251, respectivamente.
El magistrado dispuso para ambos procesados la obligación de residir en el domicilio que fijaron, así como la de presentarse en los primeros 10 días de cada mes ante el juzgado. Además, la prohibición de cambiar de número de celular y de informar con cinco días de anticipación sobre la salida del país y cinco días después del ingreso al país.
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Para el caso de Marta Benítez, el juez aceptó la fianza personal ofrecida por Ana María Benítez de Kronawetter hasta cubrir la suma de G. 330.000.000, mientras que para Guillermo Alcaraz también admitió la fianza personal de Joaquín Simón Valiente hasta cubrir el monto de G. 330.000.000.
Marta Regina y Guillermo Alcaraz están imputados por el hecho punible de lesión de confianza, junto con Ramón Milciades Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo cuyo mandato se iniciaron las obras del fallido proyecto del metrobús.
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Pericias solicitadas por Fiscalía, la próxima semana
La fiscala María Estefanía González adelantó a ABC que la realización de la pericia técnica tendrá lugar el próximo viernes 13, para la elaboración del informe relacionado a las obras del fallido metrobús, que permitirá evaluar el daño causado, si las obras estaban hechas correctamente y la calidad de los materiales.
La fiscala en su pedido de prórroga extraordinario -que le fue concedida- había pedido a la Municipalidad de Asunción su colaboración para designar un especialista en desagües pluviales para coadyuvar en el trabajo pericial, para lo que fue designado el Ing. Diego Manuel Vázquez, coordinador de Proyectos de Desagües Pluviales de la Dirección de Obras de la Comuna; previamente, el 12 de agosto, se designó al funcionario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Luis Armando Godoy Duria, para conformar el equipo multidisciplinario que deberá realizar las pericias.
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Las siete pericias especificadas por la fiscala González, pendientes de realización para completar la pesquisa, están relacionadas a las obras, a fin de que se dictamine la viabilidad de estas; también, a fin de dictaminar si la construcción por parte de la firma Mota-Engil era viable sin contar con los documentos necesarios, además de contar con el dictamen sobre si la construcción por Mota-Engil era viable sin que se haya liberado la franja de dominio.
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Las demás tareas periciales consisten en determinar si los diseños de desagües pluviales elaborados y ejecutados por Mota-Engil cumplían con el periodo de retorno establecido para los desagües en el manual de carreteras del MOPC; igualmente, una pericia de obra y auditoría de gestión que determine si el MOPC al iniciar la obra tenía hecho el estudio hidrológico requerido y aprobado con la validación del fiscalizador.
Además, se precisa contar con dictamen de si el avance financiero se compadece con el avance físico de la obra del metrobús, así como la determinación si las ampliaciones a los contratos firmados con Mota-Engil y Typsa Incosa Ingenec SA se debieron a una falta de planificación de la obra por parte del MOPC.
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Imputación en caso Metrobús, tras cuatro años
Recordemos que los ex altos funcionarios fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, quien en su acta de imputación señaló que durante el 2013 al 2018, Jiménez Gaona, en su calidad de ministro, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del MOPC, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA.
Entre otras cosas, señalaba en el escrito que el exministro no tenía los permisos de las comunas de Asunción y San Lorenzo para avanzar con las obras y habría iniciado las construcciones sin tener el diseño final de ingeniería presentado por Mota-Engil, el cual fue aprobado con observaciones porque la empresa fiscalizadora (Typsa-Incosa-Ingeneg) recomendó solo la aprobación provisional.
En este sentido, según el acta de imputación se llegó a pagar US$ 29 millones a Mota-Engil, por obras que no cumplen las especificaciones del contrato y del pliego y que no son de utilidad a la ciudadanía. La imputación del gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz, fue por casi los mismos hechos irregulares que salpicaron a Jiménez Gaona y la de Marta Benítez fue por permitir un encarecimiento del 35% en esta obra.
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Embargo de G. 109.000 millones de los procesados
En abril, el juez Humberto René Otazú ordenó, mediante su AI N° 48, el embargo sobre las cuentas bancarias del extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944, de cada una de ellas. El monto así totaliza G. 109.370.912.833.
La fiscala María Estefanía González consideró, con el fin de resguardar la recuperación de activos a favor del Estado, ya que que el presunto perjuicio patrimonial ascendería los US$ 29.000.000, la pertinencia de que se decrete el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias habilitadas a nombre de cada uno de los procesados en bancos y financieras de plaza.
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En ese sentido, la fiscala expuso que en 2016, desde el MOPC fueron desembolsados 22 pagos por G. 57.979.979.340, mientras que en 2017 se desembolsaron 108 pagos por G. 22.759.638.729, y hasta el 15 de agosto de 2018 se efectuaron 65 pagos por valor de G. 28.631.294.764, totalizando de esta forma la suma de G. 109.370.912.833, durante la administración de los imputados al frente a la cartera de Estado.
Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, el pasado 10 de abril, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza como autores y coautores, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.