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Además de hablar del informe que reveló llamativas presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), el contralor de la República, Camilo Benítez, confirmó que ya realizaron muchas observaciones a numerosas instituciones públicas.
Por ejemplo, mencionó que auditaron el Ministerio de Obras Públicas y, entre los hallazgos más importantes, resaltan números relacionados al transporte público. Confirmó que las empresas transportistas recibieron del Estado G. 645.000 millones en los últimos nueve años, en concepto de subsidio a transporte público de pasajeros del área metropolitana.
“No solamente incluyó el subsidio al pasaje, sino también un aporte condicional para la renovación de la flota de transporte. Al momento de la realización de esta auditoría no se pudo demostrar que se haya cumplido con la renovación de la flota; no hay evidencias de que las empresas hayan cumplido con la obligación de renovar sus flotas en tiempo y forma, como la normativa exige”, agregó.
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En ese sentido, adelantó que amerita una nueva auditoría específica para confirmar si las empresas transportistas renovaron o no sus flotas.
Subsidio a transportistas aumentó 453% en ocho años
El contralor detalló además que, a partir del 2018, el subsidio tuvo un incremento importante, cerrando el 2022 con un total de G. 263.000 millones pagados por el Estado solo en materia de subsidio. Aseguró que este pago aumentó el 453% entre el 2014 y el 2022.
“En los años 2021 y 2022 fue transferida a empresas de transporte la suma de G. 380.000 millones, financiados específicamente con Bonos del Tesoro emitidos en el mercado internacional”, destacó y agregó que estos datos son importantes al momento de analizar estos pagos.
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Por otra parte, sobre la falta de renovación de flotas, anunció que esa situación amerita la nueva realización de una auditoría más específica, para ver si los transportistas compraron o no los colectivos prometidos al Estado.
Alimento escolar
Durante su presentación ante la Mesa Directiva del Senado, el contralor general recordó también la auditoría realizada en torno a la provisión de almuerzos y meriendas escolares. En ese sentido, recordó que constataron que, en promedio, de un total de 180 días escolares, los chicos solo reciben comida 30 días en total.
“Los reportes de indicios de hechos punibles ya fueron remitidos al Ministerio Público”, aseguró para ABC TV. El contralor señaló que ese informe fue muy emblemático y arrojó datos que deben ser analizados, para ver sobre todo si amerita o no una renovación en la ley de Fonacide.
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En ese sentido, recordó que el alimento escolar disminuye notablemente la deserción escolar, pues los chicos van a la escuela para comer.
MEC: falta de ejecución presupuestaria y de sinceramiento en la contabilidad
El contralor también reveló que encontraron, en una auditoría realizada al Ministerio de Educación, varias observaciones relacionadas a falta de incorporación de datos en balances de contabilidad.
Por ejemplo, hallaron equipos de computación por G. 7.300 millones que estaban en una situación muy distinta a la expuesta en los balances. Además, hasta finales del año pasado, se constató una “nula ejecución presupuestaria” de G. 21.400 millones adquiridos en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural.
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“Esta observación, en principio, es meramente administrativa, no se utilizó el dinero que se tenía, pero como es un préstamo del BID, la no utilización genera un perjuicio, porque se pagaron comisiones e intereses por más o menos G. 3.600 millones en virtud a la falta de ejecución”, mencionó.
También señaló la falta de desafectación de la cuenta de obras civiles en ejecución, de las obras culminadas y pendientes de traspaso por la suma de G. 91.000 millones. “Hay falta de sinceramiento de la contabilidad, esto puede hacer que permeen hechos de lesión de confianza”, explicó.
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Ministerio del Interior: medicamentos vencidos y falta de documentación
Otra de las auditorías de la CGR, según comentó Benítez, fue realizada al Ministerio del Interior, donde encontraron insumos vencidos por valor de G. 370 millones que no fueron declarados en el inventario general.
Además, encontraron una diferencia de más de G. 1.400 millones entre los saldos indumentarios y los verificados por la Contraloría. También constataron la falta de regularización del saldo en cuentas civiles en ejecución, por G. 1.600 millones.
Además, habló de G. 66 millones de obras civiles en ejecución que no tienen documentación de respaldo ni regularización del balance. “Son obras que figuran en ejecución pero en realidad en el balance no se puede determinar si la obra fue concluida o no, entregada o no entregada”, planteó ante los parlamentarios.