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Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto de Previsión Social (IPS) evidenciaron un “secreto a voces”: el saqueo del cual es víctima el ente previsional desde hace años.
El análisis del ente de control en esta ocasión solo abarcó el año 2022. No obstante, fue suficiente para encontrar un grosero descontrol en el manejo de los recursos y bienes de la institución.
El lapso bajo control corresponde a la presidencia de Vicente Mario Bataglia Araújo y los miembros del consejo de Administración: Ludia Claudina Silvera López (exrepresentante del Ministerio del Trabajo), Gustavo Ramón Arias (representante de los obreros), Ricardo Vicente Oviedo (exrepresentante del Ministerio de Salud Pública), Roberto Brítez Ferreira (representante de los jubilados y pensionados) y Miguel Ángel Doldán (representante de Feprinco).
Ámbito financiero
En la cuestión financiera, la CGR detectó un endeudamiento por encima del aprobado en los documentos. Mediante la Resolución CA N° 078-001/22 se aprobó un préstamo de G. 50.000 millones en Interfisa Banco.
Sin embargo, el IPS firmó un pagaré y contrato por un crédito de G. 65.379 millones, es decir, G. 15.379 millones por encima del monto inicial autorizado.
El ente de control también encontró que la previsional consignó un saldo pendiente a proveedores de G. 1.157.694.787.925. Sin embargo, no hay detalles respaldatorios de cada deuda como tampoco está discriminado, según el informe.
La previsional igualmente obtuvo créditos por más de G. 425.000 millones, pero, nunca ingresó en el presupuesto. Esto, pese a que el dinero fue usado por la institución.
En el ámbito financiero también saltó una diferencia de G 10.000 millones entre los resultados y la ejecución presupuestaria de la entidad. Los auditores detectaron que esta inconsistencia persistía hasta febrero de este año.
Asimismo, aparece una diferencia de G. 21.730 millones en subsidios de maternidad entre el registro contable y el detalle de pagos realizados en los meses de junio y diciembre del año pasado. En ese caso, la Contraloría solicitó la documentación, pero el IPS no las remitió.
Ámbito patrimonial
En la cuestión patrimonial, el hallazgo más grave es que 9.355 bienes figuraban en el inventario de bienes de uso como “faltantes” en la columna correspondiente al “inventario físico de bienes”. El valor de adquisición fue de G. 42.915 millones al 31 de diciembre de 2022.
No se pudo determinar la ubicación real de los mismos y si se encuentran en las dependencias del IPS, sobrevaluando la cuenta contable “activos de uso institucional”, revela el reporte del ente de control.
Tampoco se encontraron bienes de uso que figuraban en el inventario correspondiente al 31 de diciembre de 2022, por un valor de G. 4.650 millones. El IPS no proporcionó documentos de respaldo sobre la ubicación de los mismos, sobrevaluando igualmente la cuenta contable “activos de uso institucional”, dice el informe final.
La Contraloría detectó además bienes descompuestos o no operativos sin gestión para arreglo por valor de G. 2.300 millones. Figuran una máquina de Rayos X, 11 ventiladores pulmonares. La mayoría eran nuevos, menos el de Rayos X, de acuerdo a los detalles.
Por otro lado, bienes del activo fijo observados en el Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo a Adultos Mayores “Vida Plena” (CREAM), por valor contable de G. 24.142 millones, no están siendo utilizados para los fines a los que fueron destinados. Los mismos están sin uso y despreciándose conforme el paso del tiempo.
La cuenta de obras civiles en ejecución no tiene documentos respaldatorios por valor de G. 62.000 millones que acrediten que terminaron varias obras. Hay obras cuyas actas de recepción definitiva no existen. No se sabe si se terminaron o no, y si se completaron con calidad y fiscalización, agrega el informe de Contraloría.
Una diferencia de G. 3.000 millones en obras de Ingavi
El análisis de la Contraloría sobre obras y contratos del IPS detalla una serie de observaciones. Uno de los principales hallazgos hace referencia a trabajos en el Hospital Ingavi.
El informe dice que en la licitación pública N° 05/12 “construcción y provisión de equipos para el Hospital Ingavi del IPS”, por ejemplo, se detectaron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, además de incumplimientos de las especificaciones técnicas y normas. La diferencia económica totaliza un monto de G. 1.923.362.810.
El documento señala que los incumplimientos de especificaciones técnicas y normas resultan en condiciones de servicio inferiores a las contratadas y ponen en riesgo la seguridad de las personas y de las instalaciones.
Con relación a las obras de la licitación pública N° 79/17 “terminación del Hospital Ingavi”, se encontraron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas. La diferencia económica totaliza un monto de 1.432.421.473 guaraníes.
“El control interno de la institución relativo a las obras fue deficiente, en cuanto a la documentación técnica, como ser planos, planillas de cómputo métrico y especificaciones técnicas; control de cantidades de obras certificadas, así como el cumplimiento de la documentación técnica”, agrega.
Por otro lado, la Contraloría detectó inconsistencias en la licitación pública N° 141/22 “diseño y construcción del Centro Hemato-Oncológico del IPS, por más de G. 216.880 millones.
Varios de los hallazgos del ente de control tienen reportes de indicios de hechos punibles remitidos al Ministerio Público.
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Vito con 1 millón de litros de combustible en 16 meses
Entre enero del año pasado y abril de este año se detectó un derroche escandaloso en el rubro de combustible. En estos 16 meses se registraron cargas de 1.004.463 litros por G. 9.823.071.693, según la Contraloría General de la República (CGR).
Resalta que un solo funcionario administrativo, identificado como Benicio Daniel Leguizamón Cañete, fue el encargado de cargar combustible por G. 1.059.412.815. La carga lo realizó con diferentes tarjetas asignadas a varias dependencias de todo el país.
Se observa además inconsistencias en vehículos cuyos consumos de combustible superaron el promedio por cada 100 km, lo que generó sobrecostos por kilómetros no recorridos de por lo menos G. 947.543.368.
En una de las comparaciones cita, por ejemplo, que con la tarjeta Nº 78.258 se cargó gasoíl por un importe de G. 2.753.400 cuando el kilometraje del vehículo del IPS registraba 510.393. Con esa misma tarjeta al mismo vehículo y con el kilometraje 510.838, con diferencia de apenas 445 km recorridos, al día siguiente, ya vuelve a facturar G. 1.028.000. Según el análisis de la CGR, se debió recorrer al menos 1.040 km.
Tampoco hay mecanismo de control para la carga de combustible en generadores.
Entre setiembre y octubre del año pasado, figura la carga de combustible a vehículos de la previsional. Los rodados con las mismas características y números de chapa que aparecen en los registros estaban inactivos en ese tiempo. En el informe también habla de la carga que se realizó con la tarjeta del expresidente, Vicente Bataglia, cuando este se encontraba de vacaciones.