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Jorge Bogarín Alfonso, integrante del Consejo de la Magistratura (CM), ya recibió el informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de correspondencia de sus bienes. Se detallan siete hallazgos sobre el declarado como “significativamente corrupto” para Estados Unidos, que van desde inconsistencias en sus egresos, ahorros a la vista y plazo fijo no declarados; como también un inmueble sin rastros hasta inusuales acreditaciones en una de sus cuentas.
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Una de las observaciones más contundentes hace referencia a tres depósitos a plazo fijo y una caja de ahorro a la vista de Bogarín Alfonso en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep), que no fueron declarados ante el ente de control. El monto global llega a G. 2.090 millones, de los cuales solo el depósito por G. 909.280.961 declaró ante el ente de control como un “adelanto de herencia”, pero, curiosamente, lo hizo dos años después de su apertura, de acuerdo a los registros.
Bogarín Alfonso era presidente del Consejo de Administración de la entidad financiera cuando procedió a la apertura de los tres depósitos a plazo fijo, según los datos recabados.
Los tres depósitos en la cuenta de Jorge Bogarín Alfonso
El informe de la CGR detalla que el 23 de julio de 2019 abrió su primera cuenta de ahorro a plazo fijo por G. 909.280.961, con vencimiento al 21 de julio de 2024. Para la apertura se presentó como documento respaldatorio un Certificado de Depósitos de Ahorros (CDA) del 26 de enero de 2018, del Banco Itaú a nombre de la madre de Bogarín Alfonso, la difunta jueza Irma Alfonso de Bogarín.
Casi dos meses después, el 5 de setiembre de 2019, Bogarín Alfonso procedió a la apertura de su segundo depósito a plazo fijo en la cooperativa. Esta vez fue por G. 657.689.175, con un vencimiento al 3 de setiembre de 2024. Según el respaldo, el dinero provenía de otra CDA del Banco Itaú, a nombre de la exmagistrada Alfonso de Bogarín.
El 2 de marzo de 2021, Jorge Bogarín abrió su tercer depósito a plazo a fijo por G. 267.885.003. El vencimiento se estipuló para el 1 de marzo de 2026.
De estos tres depósitos a plazo fijo a su nombre, Bogarín Alfonso declaró ante la CGR solo el que abrió el 23 de julio de 2019. Hizo constar que era un “adelanto de herencia” de su difunta madre, la jueza Irma Alfonso de Bogarín.
Lo llamativo es que ese trámite lo realizó en forma tardía porque recién el 20 de diciembre de 2021 consignó en su declaración jurada, es decir, casi dos años después de la formalización de ese depósito a plazo fijo.
Un punto grave y que está como otra observación de la Contraloría es que ese depósito a plazo fijo por G. 909.280.961, entre las documentaciones adjuntadas, no se ha identificado ningún documento legal, tales como escrituras, sentencias y otros que confirmen y avalen de manera fehaciente el origen hereditario de dicho movimiento.
En tanto que los otros dos depósitos a plazo a fijo en la cooperativa no aparecen en ninguna de las manifestaciones de bienes de Bogarín Alfonso presentadas en 2019, 2020, 2021 y 2023, según el ente de control.
Compró una lujosa camioneta a su esposa
Otro de los hallazgos tiene que ver con las inconsistencias de Jorge Bogarín en sus egresos declarados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). De acuerdo al informe, en 2021 declaró más de G. 736 millones como “egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años”.
Lo llamativo es que, según los datos extraídos del Registro del Automotor, relatan que Bogarín Alfonso adquirió ese año un rodado a favor de su esposa, Karen Leticia González Orrego, por US$ 53.500, unos G. 369 millones. González Orrego es jueza en lo Civil y Comercial de la capital.
Sin rastro de inmueble y acreditaciones
Otro hallazgo del informe menciona la no declaración por parte de Jorge Bogarín de un inmueble en la ciudad de Luque. El lote figura a su nombre y de sus hermanos desde el 15 de enero de 1999.
Por otro lado, Bogarín Alfonso tuvo inusuales movimientos en noviembre de 2020, por más de G. 183 millones. Los depósitos y transferencias no corresponderían a sus ingresos de la función pública e ingresos verificados en los formularios impositivos.
Coincidentemente, el 26 de ese mes y año asumió como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).