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El Ministerio de Hacienda comunicó esta tarde que recibió el informe de la Contraloría General de la República y que está en proceso de análisis el descargo correspondiente.
“En relación a la licitación pública nacional para la “Contratación de servicios para la seguridad social de los funcionarios”, el Ministerio de Hacienda nunca tuvo afán de direccionamiento alguno, sino muy por el contrario, la intención fue permitir la mayor participación y competitividad en el mercado, con el máximo respeto de las normativas legales vigentes y en el marco de la mayor transparencia que demanda un acto de esta naturaleza”, expresa la nota de institucional.
Explica que los parámetros de evaluación establecidos para participar en el proceso licitatorio (facturación anual y la antigüedad, entre otros) fueron elaborados con esa finalidad.
“Los criterios establecidos se encuentran dentro de los estándares de procesos similares en otras instituciones y favorecen la concurrencia de mayor número de oferentes que en llamados anteriores”, según afirma el escrito.
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Agrega que los criterios de evaluación establecidos antes de direccionar, limitar o impedir mayor participación como se señala en el artículo de la prensa, se adecuan a los principios señalados en la Ley N° 2051/03, Igualdad y Libre Competencia; también, que permiten que todo potencial proveedor o contratista con la solvencia técnica, económica y legal necesaria, y que cumpla con los requerimientos establecidos en esta Ley, en las bases o pliegos de condiciones y en las demás disposiciones administrativas, participe sin restricción y en igualdad de oportunidades,
Como prueba, Hacienda menciona que los criterios de evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones no fueron impugnados por ninguna empresa y hubo mayor concurrencia que en ocasiones anteriores.
Igualmente, el comunicado refiere que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) solicitó la reevaluación de ofertas, tras la cual el Ministerio de Hacienda se reafirmó en su decisión de adjudicar el llamado al Consorcio Salud.
Señala que actualmente el contrato se encuentra vigente en estado impugnado ante la protesta presentada por la firma Santa Clara, ya contestada por el Ministerio de Hacienda.
En cuanto al informe de la Contraloría General de la República (CGR), expresa que el mismo versa sobre una etapa del proceso superada con la reevaluación, ordenada por la DNCP y realizada por el Ministerio de Hacienda. “Dicho informe fue recibido por este Ministerio y se encuentra en análisis el descargo correspondiente”, informa.
Finalmente, manifiesta que la mayoría de los puntos observados por el órgano de control fueron levantados en oportunidad de la reevaluación, con base al análisis de la Abogacía del Tesoro para la segunda adjudicación. Estos puntos no fueron analizados por la CGR en su informe, el cual, por lo tanto, no estaría en congruencia con los nuevos hechos derivados del proceso, concluye el escrito.