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Del 8 al 11 de mayo, una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debía supervisar en Paraguay el cumplimiento de sentencias que le obligan a mejorar las condiciones de vida de comunidades del pueblo Enxet, entre las que se encuentran Yakey Axa, Xákmok Káser y Sawhoyamaxa.
También deberá realizarse en los siguientes meses renovación del acuerdo amistoso firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la comunidad Kelyenmagategma.
Sin embargo, la abogada de la organización Tierraviva, Julia Cabello, explicó que el Gobierno pidió la suspensión de la inspección de los jueces alegando la epidemia de chikunguña y el mal estado de los caminos.
En el caso de Yakey Axa, la sentencia es de 2005. En 2012 se dio la restitución de sus tierras ancestrales y, luego de muchos trámites, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) llamó a licitación la creación de un camino de 33 kilómetros desde la ruta Pozo Colorado - Concepción hasta su comunidad.
Sin embargo, según el líder indígena Aníbal Flores, solo se ejecutó un 30% del camino, que no avanza y, además, con las lluvias se terminó partiendo, formándose una suerte de peligroso arroyo en el medio.
Camino atrasado, atrasa educación, salud y trabajo
En consecuencia, cuenta Flores, mujeres han dado a luz en medio del camino, porque no tienen forma de llegar rápido hasta el hospital de Concepción. Además, el pésimo estado de la arteria les dificulta trasladar víveres o insumos desde la ruta. En casos de emergencia, deben alquilar un tractor.
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“El problema mayor es el camino, que está muy atrasado y atrasa la educación, la salud, el trabajo de la comunidad”, resume Flores.
Con este camino, el MOPC prometió elaborar otros caminos internos que comuniquen aldeas entre sí. Esto no ocurrió y actualmente, con las inundaciones, la aldea Karaja Vuelta, de los Kelyenmagategma, quedó aislada. Están a unas 5 horas en barco, por el río Paraguay, desde Concepción.
Con esta comunidad el Estado tiene un acuerdo amistoso que jamás cumplió, por lo que allí las casas son precarias, ni hay agua potable, entre otras necesidades.
Entretanto, con la comunidad Xákmok Káser la sentencia es de 2010, pero allí no hay hasta ahora un puesto de salud, según Tierraviva. Con los Sawhoyamaxa hay sentencia desde 2006.