31 de julio de 2026

A raíz de una sentencia de la Corte IDH, el Estado reconoció su responsabilidad histórica por el crimen del periodista. Sin embargo, familiares decidieron excluir deliberadamente al Presidente de la República y a los parlamentarios del acto oficial por temor a la manipulación política, exigiendo en su lugar la presencia de autoridades judiciales y cuestionando el boicot estatal para realizar un desagravio en Pedro Juan Caballero.

El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia. Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio Presidente Santiago Peña en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político. Por su parte, la Corte Interamericana enfatiza sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.

En el marco de la serie “Reparando Derechos”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) produjo el documental “Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay”, que puede ser visto íntegramente en este artículo.

La Ley de protección a periodistas sería tratada en el Congreso en las próximas semanas, luego de los últimos atentados y las sesiones de la Corte IDH en Paraguay. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) aseguran que entre el 2022 y el 2025 se registraron al menos 100 casos de algún tipo de agresión. Además, resaltaron que la iniciativa legislativa prevé también el resguardo a la integridad de los defensores de derechos humanos, tal y como lo contempla la sentencia de la mencionada corte internacional.
Esta semana el concepto de “derechos humanos” retumba con fuerza en la sede del Poder Judicial, debido a la visita de los jueces de la Corte Interamericana que celebran su 180º Periodo de Sesiones en territorio paraguayo. Nuestras autoridades se han esforzado en presentar la mejor imagen en materia de derechos humanos, presentando al Gobierno como un garante ejemplar de la libertad de expresión, como si los visitantes desconocieran la realidad de las constantes violaciones, más aún en los últimos tiempos. Hoy por hoy las decisiones en el Congreso se toman según el interés coyuntural de un grupo dominante con mayoría suficiente para hacer y deshacer a su antojo, colocando a sus “leales” en puestos claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, sin importar que carezcan de idoneidad o, incluso, de título universitario. Estas son instituciones que debieran garantizar la independencia y estabilidad de los jueces y fiscales, pero que en manos equivocadas, solo sirven para someter a la Justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) precisó ayer que le preocupa la democracia a nivel global y que no se refirió específicamente a Paraguay. Destacó a nuestro país por su resiliencia, tras superar la dictadura y el autoritarismo. El organismo dice que la democracia se edifica con instituciones firmes.