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En ese sentido, Nelson Escobar, miembro de APCTUA, dijo que esperan que los responsables paguen por su mal proceder. “Lo que se pretende es que los responsables sean culpados, que se pueda ver el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, porque desde un principio se les dijo que era inviable por la falta de espacio. No tenían liberada la zona para realizar los trabajos. Otro punto es que después de que los trabajos iniciaron aumentaron casi un 30% el costo del valor del proyecto, creando un perjuicio también al Estado”, manifestó Escobar.
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Dijo que más de 200 comercios fueron clausurados. Además, unas 3000 personas que eran empleados y trabajaban en los distintos comercios quedaron sin sus puestos de trabajo.
Mencionó que en muchos casos los comerciantes llegaron a quebrar, pese a que trabajaron por más de 30 años en sus negocios. “En mi caso, ya casi ni tenía para pagar mi alquiler. Hubo mucho perjuicio, porque por mucho tiempo quedó clausurado la ruta y, como consecuencia, no había más movimiento en la sobre la ruta”, mencionó Manuel Escobar.
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Por otro lado, lamentó que se haya esperado tanto tiempo para imputar a los responsables de la obra del fallido metrobús. “Se esperó mucho tiempo, esto es solo el inicio. Vamos ver en qué termina, porque queda aún mucho camino. Ojalá que no se blanquée y puedan hallar a los culpables, que tanto perjuicio causaron a las personas, porque fuimos muchos frentistas los que padecimos”, manifestó Escobar.
No recibieron indemnización
Hasta la fecha, los más de 200 comerciantes afectados no fueron indemnizados, según aseguró Nelson Escobar, miembro de APCTUA.
Dijo que durante el periodo del exministro de Obras, Arnoldo Wiens, en diciembre del 2018 y enero del 2019 recibieron solo una indemnización.
“El único monto que recibieron los casi más de 200 comerciantes fue de G 14 millones y monedas, porque tampoco llegó a G. 15 millones. Y solo fue un subsidio como para pagar algunos gastos y volver a empezar con los trabajos, pero indemnización nadie recibió hasta la fecha”, manifestó.
La obra arrancó el 16 de noviembre del 2016 y debía haberse concluido en el 2018. Sin embargo, entre el 2017 y 2018 la mayoría de los comercios quedaron inactivos con salones desalquilados, y con negocios que cerraron por completo.
Tras estos problemas, en mayo del 2018, el Ing. Herman Pankow presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero el expediente fue cajoneado durante el tiempo que estuvo al frente la exfiscal General Sandra Quiñónez, sindicada como “La Protegida” del ex presidente de la República, Horacio Cartes.
Piden audiencia con el Fiscal General y con la Embajada de EE. UU.
Por su parte, Edgar Gill otro de los frentistas afectados pidió públicamente una audiencia con el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, porque según aseguró que con los documentos que los frentistas tienen en su poder “se demuestra que todo esto fue una estafa”, además aseguró que existe temor que toda la documentación que está dentro de la denuncia “desaparezca”.
Por otra parte, Gill también pidió una audiencia con la Embajada de los EE. UU. porque según los frentistas parte del financiamiento del proyecto del metrobús fue realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo por lo que pide que la Embajada tome intervención en el caso.