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Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, calificó de histórico el trabajo realizado por la Contraloría, que analiza los 10 últimos años de contratación del almuerzo escolar del Ministerio de Educación y de municipios y gobernaciones.
Aseguró que el plazo legal establece como fecha tope el 30 de marzo, y que ese informe mostrará muy fehacientemente el destino de tan importantes recursos públicos, que desde su aplicación no ha generado un impacto en la calidad de la educación, por lo que seguimos viendo que los chicos van a escuelas en condiciones deplorables.
Aseguró que también será una importante herramienta para la modificación de la ley de Fonacide y que esperan que con ella se le dé un rol más activo a la Contraloría. Fernández dijo que espera que los que trabajen en la modificación de la ley lo puedan utilizar como insumo de información.
Fernández aseguró que llevan más de 6 meses trabajando en este informe, que servirá por sobre todo para saber qué pasó de ese dinero y por sobre todo qué hacer para mejorarlo.
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Se cuadruplicaron las denuncias ante la Fiscalía
Fernández aseguró que es importante la cantidad de municipios que están denunciados por indicios de hechos punibles. Contó que si los auditores encuentran méritos suficientes, los informes son elevados al Ministerio Público, previa revisión por asesores legales.
Señaló que durante la administración de Camilo Benítez estas denuncias se han cuadruplicado, tanto en Fonacide como en royalties.
La misma Constitución le obliga al contralor de un posible hecho punible, pero al mismo tiempo, aseguran que la administración generó un sentimiento de confianza en la ciudadanía, por lo que las denuncias ciudadanas son cada día más.
Entre las herramientas más significativas, destacó el portal de datos abiertos, que permiten al ciudadano ser también contralores del dinero público. Señaló que hubo ya muchos casos en los que la ciudadanía misma encontró irregularidades y las denunció.
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Faltan recursos para mejorar el portal
Paul Ojeda coincidió también con Fernández en que la falta de recursos es importante, no solo para implementar mejoras, sino también para mantener los avances en el control ciudadano.
Ojeda reconoció la incapacidad física de la Contraloría de ir hasta los municipios con la estructura actual que tiene y verificar in situ las obras o las adquisiciones, algo que muchas veces sí lo puede hacer la ciudadanía.
Señaló la importancia que tiene en ese sentido la colaboración ciudadana en el control, por ejemplo, del trabajo que vienen realizando en el control de la alimentación escolar, principalmente en los municipios del interior.
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Balance de rendición de cuentas de los municipios y las gobernaciones
Paul Ojeda señaló que actualmente están abocados a todo lo que concierne a la alimentación escolar de este año y que en ese contexto se cursó a todos los municipios y a las gobernaciones la remisión de informes con relación a los procedimientos de contratación que se refieren a ese aspecto y eso está en etapa de finalización.
Señaló que uno de los incumplimientos principales en la no publicación en el portal de contrataciones, por lo que resulta muy difícil obtener datos y se tienen que requerir individualmente.
Dijo que el incumplimiento de ese requisito tiene consecuencias que incluso puede llegar a la nulidad de la licitación, por ser una falta a la ley de contrataciones públicas.
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Situación de Asunción
Gladys Fernández recordó que la ciudad de Asunción está suspendida de recibir, hace unos años, los fondos de Fonacide y royalties por parte del Ministerio de Hacienda.
Reconoció que esta situación significa un impacto importante debido a que la capital se encarga, junto al MEC, de la alimentación de los niños de las escuelas de la capital.
Sobre el motivo de la suspensión, Fernández señaló que desde el año 2018 la capital no transfiere el 15% de impuesto inmobiliario, por lo cual Hacienda le bloqueó la adjudicación.
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