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Las dudas sobre el uso racional del dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la provisión de alimentación escolar en todo el país, denunciado por la Comisión de Control de la Cámara de Diputados, propició a que la Contraloría General de la República (CGR) inicie 59 auditorías, con 177 técnicos, informó el contralor general, Camilo Benítez.
“Iniciamos hace unos meses la auditoría más grande que yo jamás haya visto sobre un tema que es especial, merienda y almuerzo escolar” indicó a ABC.
Según Benítez, el órgano de control está examinando a “todas las gobernaciones, la mayoría de las municipalidades y el MEC”.
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Según el funcionario de Estado, el objetivo es culminar las tareas para el tercer mes del 2023 y presentar el documento final trascrito con el informe de rendición de cuentas del Fonacide.
“Queremos terminar el trabajo para marzo. A hoy tenemos, más o menos, la mitad del camino recorrido. Más de la mitad (de las instituciones) tiene comunicación de observaciones. Eso se va a contestar en enero y, en febrero más o menos, vamos a ir cerrando las auditorías. Nuestra idea es presentar a la ciudadanía y al Congreso Nacional la realidad sobre el manejo del almuerzo escolar, y el éxito o el fracaso de la Ley de Fonacide que culmina el año que viene”, enfatizó Benítez.
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Explicó que los municipios, gobernaciones y el MEC tienen un plazo de 10 días para contestar las observaciones.
Contraloría manifiesta existencia de datos reveladores
El contralor afirmó que, si bien falta el descargo de las instituciones auditadas, se encontró información de mucho valor. “Los datos que estamos recibiendo son muy reveladores acerca, diría yo, del mal manejo en cuanto a lo que refiere a almuerzo escolar”, remarcó.
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Benítez agregó que las entidades descentralizadas reciben apenas el 3% del presupuesto de gastos de la nación pero, de igual modo, la mayoría de las denuncias en el portal de la CGR están relacionadas con el uso del dinero de Fonacide.