Cargando...
La CGR se había constituido en la Municipalidad local para realizar la fiscalización a la gestión del ex intendente Óscar Alfonzo, quien presumiblemente habría ocasionado un daño patrimonial a la Municipalidad de más de G. 1.500 millones. El mismo ahora se encuentra activando a favor de su hermana Juani Alfonzo (oficialista FR), para que sea reelecta al cargo de concejal departamental por el departamento de Paraguarí.
Lea más: CGR fiscalizará Municipalidad de San Roque González
El sucesor de Alfonzo, al asumir unos meses en el 2021, Teodoro Fleitas(ANR) realizó con un grupo de concejales una investigación preliminar de las condiciones que recibió la administración en julio del 2021 y había constatado que se realizó “inversión” en obras fantasmas por G. 944 millones.
Ante dicha situación, Fleitas había denunciado el hecho a la Fiscalía de Delitos Económicos y también comunicó a la CGR, solicitando la fiscalización especial inmediata de la Municipalidad local, específicamente de la gestión de Alfonzo de los años 2020-2021. La denuncia habían acompañado los concejales de dicho periodo fiscal, Wilson Recalde, Ángel Ramón Figueredo, Juan Antonio Candia, Gustavo Franco (todos ellos colorados), Ireneo Ramírez (Partido Liberal) y Ángel Ortiz (Frente Guasu).
CGR revela existencia de obras fantasma
Los auditores que iniciaron la fiscalización en agosto pasado mencionaron que un las obras más llamativas que se encuentran inconclusas, y que no puede ser utilizada porque quedó abandonada, es la construcción del Palacete Municipal de este municipio, que según los documentos obrantes la construcción fue adjudicada a la empresa San Miguel, cuyo representante legal es Cristino Jara López (80), por G.1775.989.524. Dicha obra tiene recepción definitiva pero quedó inconclusa.
Lea más: CGR indaga sobre supuesta irregularidades en San Roque González
Sin embargo, hasta ahora no se puede utilizar porque falta instalación eléctrica, pintura interna, colocación de mampara en sanitarios, desagüe pluvial, entre otros. En relación a esta obra se encontró documentos de pago de G.950 millones y acta de recepción definitiva de la construcción. De la diferencia de G.825.989.524, los auditores no accedieron a documentación alguna.
Entre otras obras inexistentes, que concretó la constructora San Miguel se encuentran supuesta reparación de la sala de danzas en el palacete municipal por el cual se pagó G. 60 millones, pero no se realizó mejora alguna. Además figura supuesta reparación de ciclovía por G. 58.278.500, y en el lugar solo se instaló el letrero de obras en construcción pero jamás se mejoró el lugar.
Asimismo, no se realizó la reparación de tres aulas en la escuela Básica N° 2801 Prof. Demetria Monges de Barrios, de la compañía Simbrón. Se tiene acta definitiva y pago realizado por el monto de G. 79.943.237, pero la obra no se concretó. Además en la escuela Básica N°2028 don Toribio Prieto de la compañía Potrero, se pagó G. 3.532.200 para colocación de canaleta y tubo de bajada de agua, pero no se realizó la obra.
A esto se pagaron G.119 millones en mantenimiento y reparación de maquinarias se adjudicó la prestación del servicio al taller San Miguel de Nelson Ortiz. Se constató que las maquinarias que hasta el 2021 se venía pagando por reparaciones y mantenimiento no estaban en condiciones para su usufructo y tampoco tenía la leyenda de “Uso exclusivo de la Municipalidad”
Almuerzo escolar y kit de alimentos
A esta situación se suma que entre los años 2020 y 2021 en el rubro de Alimentación Escolar no se justificó el pago por dicho servicio de G. 270.337.509. También no cuenta con documentos respaldatorios de fecha de entrega y cantidad de Kit de alimentos distribuido supuestamente a diferentes instituciones y familias durante la pandemia Covid-19, por G. 71.581.000.
Las obras inconclusas y fantasmas fueron adjudicadas al “superproveedor del Estado”, Jara López, quien según la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sería parte de una red que operaba con presuntas facturas falsas en 17 municipios del país y una gobernación, también se había beneficiado con adjudicación de obras y facturó más de G. 4.716. 979.997, por presuntas obras fantasmas, en diferentes puntos del país y que estaba siendo investigado por la justicia.