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El ingeniero Augusto Ríos Tonina presentó ayer una nota dirigida a la fiscala general, Sandra Quiñónez, en la que solicitó la apertura de una carpeta fiscal para investigar un examen que realizó la Contraloría General de la República (CGR) en el 2016, tras la adjudicación del fallido metrobús, a través del cual el organismo detectó varias irregularidades, pero que hasta hoy no fueron denunciados al Ministerio Público, ignorando el mandato constitucional del organismo de control, según afirmó.
En el escrito presentado, el profesional señaló que el mencionado “examen especial” del ente contralor data del 27 octubre del 2016, antes de que Mota Engil inicie las construcciones en los tramos 2 y 3. El entonces contralor interino, Roy Rodgers, incluso remitió el mencionado dictamen al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, quien ignoró totalmente las advertencias.
De acuerdo con el documento al que accedió ABC Color, el ente contralor reveló en su informe del 2016 que el MOPC nunca pudo demostrar el cumplimiento de las condiciones precontractuales establecidas en el contrato de préstamo del BID (financista de la obra), referente a la reubicación de los ocupantes de los sectores afectados.
Asimismo, el examen cuestionó la legalidad de la subcontratación de Ocho A para la ejecución de la fallida obra, pues en el pliego de bases y condiciones y el contrato de préstamo aprobado por la Ley N° 5133/13, impedía subcontratar más del 15% de la obra.
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Según la Contraloría, el MOPC no ha proveído la copia del contrato suscrito entre la empresa Mota Engil (contratista) y la firma Ocho A (subcontratista designada), lo que fue irregular. “Al no fijarse un porcentaje máximo de subcontratación (en el contrato), el contratista tiene expedita la vía para subcontratar una empresa nacional para la ejecución de la obra en un margen cercano al 100%”, advirtió la Contraloría.
Pero esta observación no se tomó en serio en el ministerio, pues las obras “avanzaron” principalmente con subcontrataciones, pues Mota Engil no contaba con las maquinarias que se requerían para ejecutar la obra. Es más, la contratista abandonó los trabajos a finales del 2018, sin siquiera ejecutar el 30% de las obras y dejó una avenida destrozada.
Respecto a si el metrobús debía ser eléctrico, la CGR acotó en su dictamen que “si bien el mensaje presidencial que solicitó la aprobación de los contratos de préstamo fundamentado en la utilización de energía eléctrica para la movilidad en los ejes troncales, la Ley N° 5133/13 (que aprobó el préstamo) no ha previsto tal limitación”.
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Se debe dilucidar la responsabilidad de funcionarios de la Contraloría
En este sentido, el ingeniero Ríos Tonina señaló que es necesario dilucidar la responsabilidad de los funcionarios de la CGR, porque no realizaron la denuncia a la justicia ordinaria ante las irregularidades detectadas en el “examen especial”, como que “el préstamo fue otorgado para la implementación de un sistema eléctrico de trolebús y no a motor de combustibles fósiles como el metrobús”.
Enfatizó que si los funcionarios de la CGR hubieran actuado con la celeridad de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes vigentes en cuanto a sus funciones dentro de la institución, como órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, se podría haber evitado el caos ocasionado y la pérdida de centenares de millones de dólares a las arcas del país, como a los comerciantes y habitantes de la zona afectada por el fracasado proyecto.
“No debemos permitir más que los funcionarios públicos de turno gocen de una impunidad infinita, en un país como el Paraguay”, resaltó. La Contraloría realizó dos auditorías más al fracasado metrobús (2018-2020), las cuáles sí fueron remitidas a la fiscalía, pero las pesquisas no avanzan.
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