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Además del fracaso del metrobús en los tramos 2 y 3 (ruta Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala), que se otorgó a la empresa Mota Engil, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, también adjudicó las obras del tramo 1 del fallido plan, que debía ejecutarse en varias calles del microcentro de Asunción, donde los trabajos nunca empezaron.
Este trayecto se otorgó en febrero de 2018 al Consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones). Jiménez Gaona pagó un anticipo de G. 18.205 millones (US$ 3 millones) a dicho grupo, pese a que la Municipalidad no autorizó los trabajos. El adelanto hasta ahora no se recupera, pero pese a todo el perjuicio al patrimonio estatal, la Fiscalía sigue sin investigar a ex alto funcionario del gobierno anterior, de Horacio Cartes.
Desde el MOPC solo informaron ayer que “se está negociando un cierre de mutuo acuerdo” con DC-Stiler, pero sin mayores datos. El arquitecto Ricardo Riego, coordinador del “Programa de Reconversión Urbana y Metrobús”, mencionó a ABC que este tema maneja la Procuraduría y que “ellos son los autorizados para informar sobre el tema”.
Sin embargo, el procurador Juan Rafael Caballero maneja con total hermetismo todo lo relacionado con el metrobús, incluyendo el arbitraje en curso con Mota Engil.
Felicia Cañete, representante de DC Ingeniería, informó ayer que sigue el proceso de rescisión de este contrato del fallido metrobús y que el MOPC es el que debe dar los datos al respecto.
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Wiens quería que ejecute el Sitibús, hoy cancelado
El titular del MOPC, Arnoldo Wiens, pretendía que DC-Stiler se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del malogrado metrobús, pero este proyecto también fracasó, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del componente metrobús.
Según MOPC, sigue vigente la garantía bancaria del anticipo pagado a DC-Stiller, a cargo del entonces BBVA (hoy Banco GNB), de manera a que se puedan recuperar los recursos desembolsados. “Por nota ya hemos solicitado se renueven en la brevedad a los efectos de seguir las negociaciones del cierre. Este proceso de trabajo está liderado por la Procuraduría General de la República”, informó en su momento la institución, sin remitir ningún documento.
Ante el fracaso de los proyectos metrobús y Sitibús, Wiens quiere utilizar el saldo del préstamo del BID de este plan para equipar las oficinas de Gobierno y la ejecución de obras complementarias, por US$ 34 millones. El próximo mes quieren remitir que este plan en el Congreso para que se apruebe, ya que se cambiará la inversión prevista inicialmente.
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Lo que debía construir DC-Stiler
El consorcio DC-Stiler debía ejecutar las obras del corredor céntrico del metrobús, cuyo trazado iniciaba en la zona del Puerto, siguiendo la calle Tte. César Díaz Pefaur y Avda. Stella Maris, incluyendo la bocacalle, siguiendo por Eduardo Víctor Haedo-Luis Alberto de Herrera, continuando por la calle Pettirossi hasta llegar a la calle Gral. Aquino (conexión con Eusebio Ayala), donde debía conectarse al tramo 2 y 3, que fue adjudicado a Mota Engil, cuyo contrato también fue rescindido en febrero de 2020. En total, el tramo 1 abarca 4,4 kilómetros y su construcción debía tener un plazo de 12 meses, pero las obras no avanzaron por desacuerdos con la Comuna.
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Mota Engil quiere cobrar US$ 35 millones más
El MOPC pagó unos US$ 30 millones a Mota Engil, que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma extranjera le otorgaron los tramos 2 y 3 (12 km) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones. En octubre de 2018, la empresa abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso y donde la empresa está reclamando el cobro de US$ 35 millones más, por los supuestos “perjuicios” que le causó la obra. En principio pidió US$ 25 millones al tribunal.