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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin rescindir del contrato del tramo céntrico del fallido proyecto metrobús, que había sido adjudicado en febrero de 2018 al Consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones a la cotización actual).
Este consorcio fue contratado para encarar las obras en el centro de Asunción (Puerto-Haedo-Herrera-Mercado 4), correspondientes al tramo 1, pero los trabajos nunca avanzaron, pese a que el ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, desembolsó G. 18.205 millones a dicho grupo (US$ 2,94 millones) en concepto de anticipo (13,5% del monto del contrato), de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En principio, Obras Públicas pretendía que este grupo se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del fracasado proyecto, pero este proyecto del ministro Arnoldo Wiens también fue cancelado, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del componente metrobús.
El plazo del empréstito ya venció en diciembre de 2020 (luego de postergaciones), pero pretendían ejecutarlo hasta el 2023.
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“Continuamos con las gestiones para dar término al vínculo con DC-Stiller (en contexto de mutuo acuerdo), con la cual habíamos firmado contrato por un monto de 24 millones de dólares para la construcción del tramo 1 del metrobús, el cual posteriormente iba a ser trasladado al Sitibús, proyecto que finalmente no fue ejecutado”, indica una respuesta oficial del ministerio a la consulta de este diario sobre este tema, a través de la Dirección de Comunicaciones (Dircom).
Al mismo tiempo, expresó que, actualmente, el trámite de término de contrato se encuentra en un proceso de trabajo con el departamento jurídico del MOPC y la Procuraduría General de la República (PGR) y que el mismo se halla en los tramos finales de tratativas de los potenciales puntos del acuerdo, atendiendo que las garantías se encuentran vigentes hasta mediados de enero.
Justamente, se consultó a la institución si sigue vigente la garantía bancaria del anticipo pagado a DC-Stiller, a cargo del entonces BBVA (hoy Banco GNB), de manera a que se puedan recuperar los recursos desembolsados y resaltó: “Por nota ya hemos solicitado se renueven en la brevedad a los efectos de seguir las negociaciones del cierre. Este proceso de trabajo está liderado por la Procuraduría General de la República”.
Las obras que debía ejecutar DC-Stiler
El consorcio DC-Stiler debía ejecutar las obras del corredor céntrico del metrobús, cuyo trazado iniciaba en la zona del Puerto, siguiendo la calle Tte. César Díaz Pefaur y Avda. Stella Maris, incluyendo la bocacalle, siguiendo por Eduardo Víctor Haedo-Luis Alberto de Herrera, continuando por la calle Pettirossi hasta llegar a la calle Gral. Aquino (conexión con Eusebio Ayala), donde debía conectarse al tramo 2 y 3, que fue adjudicado a Mota Engil, cuyo contrato también fue rescindido en febrero del año pasado.
En total, el tramo 1 abarca 4,4 kilómetros y su construcción debía tener un plazo de 12 meses. Se licitó en marzo de 2017 y se adjudicó en febrero de 2018, pero las obras no avanzaron por desacuerdos con la Comuna capitalina.
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Obras del tramo 2 y 3
En tres años y siete meses, la Fiscalía sigue sin imputar a ningún responsable de la obra del fallido metrobús y ahora anunciaron que realizarán un peritaje para identificar daño patrimonial. Las obras avanzaron solo en trayecto adjudicado a Mota Engil, lo que causó un gran perjuicio a la población.
El MOPC pagó unos US$ 30 millones a la portuguesa, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma extranjera le otorgaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
En octubre de 2018, la empresa abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso. Pretende cobrar otros US$ 25 millones por los supuestos perjuicios que le causó la obra.