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El juez Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, finalmente dictó ayer una sentencia a la demanda de pago por consignación que presentó en mayo del año pasado la aseguradora Royal Seguros. Con esta acción, la aseguradora pretendía frenar el pago de G. 40.390 millones (US$ 6 millones al cambio actual) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente a la póliza de fiel cumplimiento del fallido metrobús.
Concretamente, Royal buscaba que el juzgado condicione el pago de dicha caución a las resultas de un arbitraje internacional en curso entre la portuguesa Mota Engil (ex contratista del metrobús) y el MOPC, es decir, pretendía esperar la sentencia del arbitraje y solo pagar la millonaria póliza si el Tribunal Arbitral sale a favor del Estado paraguayo.
Royal Seguros, vinculada al exjefe de gabinete del gobierno de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, había depositado el monto mencionado en una cuenta judicial, en mayo de 2020, y con lo cual se inició una demanda de pago por consignación, porque consideró que está en “duda” el derecho del MOPC de reclamar dicha garantía. Esto porque, a criterio de la firma, en el arbitraje se debe definir si hubo o no incumplimiento del contrato.
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“Debemos concluir, sin temor a equívocos, que el pago por consignación condicionado no existe en nuestro proceso, es decir, procede o no procede el mismo, y procede si se dan los presupuestos legales correspondientes”, resalta la resolución del juzgado a cargo de Garcete, que tiene 68 páginas en total.
El juez Garcete señaló ayer a este diario que el MOPC ya podrá reclamar tras la sentencia los G. 40.390 millones que Royal depositó en una cuenta judicial del Banco Nacional del Fomento (BNF), aunque indicó que la aseguradora todavía puede recurrir la resolución de su juzgado.
Al mismo tiempo, el magistrado también indicó que la parte actora (Royal) también se reserva el derecho de promover acciones correspondientes de restitución en el futuro, en el caso de que arbitraje salga a favor de Mota Engil.
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Procurador en silencio
Mientras tanto, el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero, se niega a brindar explicaciones a la ciudadanía sobre lo que harán tras esta sentencia del juzgado y también evita informar sobre la situación actual del arbitraje con Mota Engil, donde la empresa reclama US$ 25 millones al Estado, por supuestos incumplimientos del contrato en la obra del metrobús.
Vale señalar que el MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado, porque la portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de Royal.
Tras esta decisión, la cartera reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimiento de contrato (Royal). Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, luego de amenaza de demandas por parte del Estado y Royal resolvió depositar los US$ 6,2 millones en una cuenta judicial.
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Millonarios pagos
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. En total, la cartera desembolsó más de US$ 50 millones si se consideran las consultorías del proyecto, la fiscalización y otros gastos relacionados, sin que hoy exista ni un solo metro del metrobús. Hace tres años y siete meses que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido proyecto en el Ministerio Público, pero nadie fue imputado hasta ahora.