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El 5 de octubre, la intendentable Johanna Ortega denunció presuntos sobrecostos en saturómetros y otros productos adquiridos durante la pandemia por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Ayer, el propio jefe comunal, César Ojeda (ANR), pidió una auditoría especial de toda la gestión del fondo de emergencia creado por la pandemia y ejecutado durante la gestión del actual aspirante al rekutú.
A pesar de esa denuncia y de la propia solicitud, hasta el momento la Contraloría no ha definido si se interviene la Municipalidad de Asunción, según lo confirmado por el subcontralor de la República. “Tiene un proceso dentro de varias direcciones y luego el expediente se pondrá a disposición del contralor, que tendrá que tomar la última decisión de disponer la fiscalización”, argumentó.
El subcontralor añadió que es probable que se disponga una “fiscalización especial inmediata”, pero recalcó que será Camilo Benítez quien deberá tomar la decisión final.
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Recalcó que tanto la denuncia como el pedido del intendente tienen su trámite interno, pero aseguró que es probable que la solicitud realizada por Ojeda corra más rápido y tenga una resolución en las próximas horas.
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“Estamos a puertas de la elecciones y no podemos inmiscuirnos en cuestiones internas de la junta municipal, pero en lo que concierne a la Contraloría, lo que podemos hacer es estudiar la denuncia y la nota oficial presentada por el intendente. Cuando se cumplan los trámites internos y se reúnan los requisitos para la fiscalización especial inmediata (se podrá dar la orden)”, consideró en contacto con ABC esta mañana.
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En los últimos dos días salieron a la luz numerosos contratos multimillonarios realizados por la Dirección General de Gestión de Reducción de Riesgos y Desastres durante el 2020, con fondos de emergencia habilitados en el marco de la pandemia del COVID-19.
En total se gastaron G. 21.000 millones y parte de los documentos fueron subidos por el intendente César Ojeda recién después de una orden judicial en el marco de la ley de transparencia.
Hasta el momento saltaron los nombres de al menos dos familias que fueron beneficiadas con millonarias adjudicaciones durante el gobierno de Rodríguez.