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El jefe departamental transfirió entre diciembre de 2020 y febrero de este año un total de G. 582 millones a una comisión de fomento para construir un tinglado y equiparlo como un gimnasio en el predio del Parque del Guairá, de acuerdo a la rendición de cuentas que el propio Vera Báez presentó ante la Contraloría General de la República (CGR).
Los pagos a la empresa encargada de montar la estructura se hicieron en marzo, según las facturas, y a casi seis meses la obra sigue inconclusa.
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El dinero lo recibió la Comisión de Fomento y Desarrollo Yohayu, presidida por Catalina Cardozo. Fue contratada la herrería de Carlos Isaac Cáceres Gutiérrez para construir el tinglado, pero, además de no entregar aún la obra, las dos facturas que emitió y que constan en la rendición de cuentas son inválidas. Las fechas que figura en que fueron expedidas son el 02 y el 17 de marzo, mientras que el timbrado del talonario tuvo vigencia recién a partir del 18 de marzo.
La comisión Yohayu recibió primero un aporte de G. 290 millones el 27 de diciembre de 2020 para la compra de equipos de gimnasia. El 19 de enero recibió G. 142 millones y el 7 de febrero otros G. 142 millones. Estos últimos desembolsos se usaron en el inconcluso tinglado.
Sin embargo, en la rendición de cuentas de la Contraloría no se subió copia de la factura de los equipos de gimnasia y los concejales desconocen si se compraron o no. No obstante, semanas atrás el gobernador invitó a la prensa a una verificación de los equipos que se pagaron, se recepcionaron y están en un depósito a la espera de que se termine el tinglado. Vera Baéz no supo responder por qué las facturas de compra no figuran en el portal de la CGR.
Los G. 582 millones son parte de los US$ 2 millones de fondos para reactivación económica que recibió Vera Báez en diciembre y mayo, al igual que todos los gobernadores.
Denunciarán en Anticorrupción
El dictamen para recomendar que se denuncie al gobernador ante la Contraloría lo firmaron los 14 concejales y se aprobó por unanimidad.
Este caso se suma a otras irregularidades que los concejales departamentales detectaron tras cruzar los datos de la Contraloría con las verificaciones.
